miércoles , febrero 28 2024
Foto: Monumento a las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños/Por David Ramírez

“Pasividad e impunidad”: Cristosal cuestiona reciente resolución en el caso de El Mozote y lugares aledaños


“La reciente resolución de la jueza de instrucción de San Francisco Gotera, nos parece que se enmarca en una serie de decisiones judiciales que están teniendo un impacto dilatorio en la instrucción que están generando una prolongación indefinida de la etapa de instrucción y, por lo tanto, está evitando la posibilidad de que el caso sea elevado a plenario”, sostuvo David Morales, jefe del área de Justicia Transicional de Cristosal y abogado acusador en el caso de El Mozote y lugares aledaños.

Morales hizo referencia a la resolución de Mirtala Teresa de Portilla, titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, emitida el 22 de diciembre de 2023, en la que ordenó la captura del expresidente Alfredo Cristiani y otros diputados que integraron la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en 1993. La jueza sostiene que estos cometieron el delito de Encubrimiento Personal debido a la aprobación y sanción de la Ley de Amnistía. Esta ayudó a “eludir la acción de la autoridad mediante esta Ley”, indicó la jueza en la resolución.

Según Morales, esta resolución figura parte de una serie de actos dilatorios que dieron inicio desde la destitución del juez Jorge Guzmán y la instalación “inconstitucional” de la jueza Portillo. Todos estos actos enfocados estratégicamente a favorecer a los victimarios al no elevar el caso a etapa plenaria pese al importante nivel de prueba pericial, documental, entre otras, señaló el defensor de derechos humanos.

“Las víctimas del caso están muriendo sin haber conocido el acceso a la justicia y también están muriendo los acusados. Entre ellos, algunos que se consideran máximos responsables y que están muriendo en total impunidad. La prolongación y la dilación de la instrucción penal solo deriva en la inefectividad de la justicia”, aseguró.

Morales destacó que la resolución de la jueza tampoco individualiza las conductas específicas que habrían realizado cada uno de los imputados, fundamentando la orden de captura únicamente en la publicación de la Ley de Amnistía en el Diario Oficial.


“Esta situación contrasta con la ausencia de órdenes de detención contra los militares que planificaron, ejecutaron y supervisaron la matanza y la cadena de terribles crímenes que se cometieron en este caso. No solo el homicidio, la ejecución masiva de cientos de personas, sino numerosas violaciones sexuales contra mujeres y niñas, actos de terrorismo, grandes estragos, robos, torturas, desplazamientos forzados, entre otros”, agregó Morales.

Entre estos responsables, la misma jueza identifica en la reciente resolución a Juan Rafael Bustillo Toledo, Carlos Eduardo Cáceres Flores, Luis Adalberto Landaverde Barrera, Oscar Córdova Hernández, César Augusto Millar Ramírez, José Guillermo García, José Antonio Rodríguez Molina, Roberto Antonio Garay Saravia, Rafael Santiago del Cid Aguirre, entre otros vinculados a dicha masacre.

Sumado a este escenario, Morales indicó que en meses anteriores, la acusación particular solicitó a la jueza la detención del exministro de Defensa, Guillermo García, considerado el máximo responsable de la masacre de El Mozote y lugares aledaños y de otros similares como en el caso de la emboscada y asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, crimen por el cual se encuentra detenido desde finales de 2022.

“La solicitud de detención contra el exministro García señalado con prueba pericial y documental como el principal responsable dentro del caso fue rechazado por la jueza de instrucción y eso me parece muestra del desequilibrio que evidencia parcialidad en la conducción del caso”, subrayó el abogado.

Entre otros aspectos, denunció que previo a la destitución del juez Guzmán, éste solicitó la apertura de archivos militares para inspecciones judiciales. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele y el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, se negaron. Esto, evidenciando, desde la mirada de Morales, un posible acto de encubrimiento.

Cristosal, en un comunicado, instó a las autoridades del sistema de justicia a contribuir para que este caso avance y evitar continuar dilatando la elevación a la fase plenaria y respetando las garantías del debido proceso judicial que, “por hoy están siendo vulneradas”, y que están impactando “gravemente” el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Con edición de Morena Villalobos

About David Ramírez

Periodista de VOCES

Otras noticias

“Él salió un día 22 de febrero del 2016… Ya no regresó”: Cristian Esaú Salazar, el joven que desapareció hace 8 años

“Mi hijo Cristian salió un día lunes 22 de febrero del 2016 hacia la ciudad …

Deja una respuesta