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El Colectivo de Justicia Social y Contraloría Ciudadana, junto a Eneida Abarca, madre de Carlos Ernesto Santa Abarca, desaparecido desde enero de 2022, instaron al Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán, interceder ante los recientes actos por parte de la Asamblea Legislativa donde remitieron dos escritos a una comisión de diputados inexistente.
“Nos recibió la jurídica del Comisionado y nos recibió el escrito, diciéndonos que nos van a dar quince días para tramitar y tener algún tipo de repuesta, porque lo que hemos solicitado es que manden a llamar a la Asamblea Legislativa y le pida un informe de qué fue lo que pasó”, dijo Roxana Cardona, representante del colectivo de Justicia Social.
El pasado 10 de septiembre, el colectivo y la madre de Carlos Abarca presentaron dos escritos ante la Asamblea Legislativa: en uno pidieron una audiencia para abordar las posibles violaciones a derechos humanos ante propuestas de reformas al Código Penal y Procesal Penal, y en el otro, una sesión con el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, para pedir supuestas pruebas de vida de la persona desaparecida que afirmó en televisión nacional en mayo de 2023.
Ambos escritos fueron interpuestos en la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, pero horas después fueron devueltos por el técnico de la comisión argumentando que no era competencia de ellos, sino de la “Comisión de Defensa”, misma que fue eliminada a inicios de la nueva Asamblea Legislativa.
“Hemos venido acá para que sirva como intermediario y apelen al ministro Villatoro para que brinde las pruebas de vida de las cuales él mencionó que Carlos había sido visto los primeros días del 2023 en diferentes lugares, que él tenía reportes, pero que, sin embargo, hasta la fecha, yo no tengo una foto y video”, cuestionó Eneida Abarca.
Ante dicho acto, calificado por las organizaciones como una “falta de respeto”, también presentaron ayer un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional ante la supuesta violación del artículo 18 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto”.
“De no corregirse esta práctica se prevé que el derecho de petición sea anulado de forma legal”, advirtió en un comunicado Justicia Social y Contraloría Ciudadana y el movimiento “¿Dónde está Carlos?”.
Con edición de Diego Hernández
