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Abogados que acompañan el caso de desalojo de personas comerciantes de la playa Costa del Sol, San Luis La Herradura, en La Paz, exigieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) activar diversos mecanismos e instalar una mesa de diálogos con personas afectadas por las vulneraciones mencionadas.
“Hemos solicitado a la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (Raquel Caballero) iniciar las acciones correspondientes, que haga las investigaciones pertinentes y que pueda instalar una mesa de diálogo para buscar una solución integral al presente caso porque ningunas de las instituciones de gobierno, en la actualidad, está hablando del resarcimiento de los daños hacia las víctimas: los comerciantes”, dijo a VOCES el abogado y vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Rudy Joya.
Los abogados de UNIDEHC y representantes del Bosque de Resistencia y Rebeldía Popular, frente a esta situación, presentaron a la PDDH una denuncia en conjunto con 25 comerciantes afectados por los desalojos ocurridos en la zona a inicios de mayo de 2024. Sin embargo, recalcaron, fueron un total de 59 personas comerciantes, junto a sus familias, las afectadas.
A juicio de las organizaciones, a estas personas les vulneraron los derechos a la defensa, a la propiedad, la libertad económica, al trabajo, a la seguridad jurídica y el debido proceso. Ante esto, también ya han presentado un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que los detenidos Armando Jirón, alcalde de La Paz Centro, y César Ticas, jefe de Catastro de la misma alcaldía, se le imputen otros delitos como la amenaza, agravación especial, daños y actos arbitrarios, junto al de contaminación ambiental.
