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A continuación, en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, colocamos una adaptación del discurso brindado por el doctor en Ciencias de la Comunicación, Roberto Pérez, durante su participación en el foro «Crímenes contra periodistas y libertad de expresión: conmemoración de los 42 años caso 4 periodistas holandeses”. El foro fue organizado en conjunto por la Fundación Comunicándonos, la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), la Universidad de El Salvador, el Colectivo de Académicos UES, la Mesa Contra la Impunidad y VOCES:
Por: Dr. Roberto Pérez
Quiero comenzar con una primera valoración. La mayoría de los acá presente son estudiantes de licenciatura en periodismo y docentes que enseñan periodismo. La totalidad estará de acuerdo en que de alguna manera, por simple que parezca, tenemos conocimientos adquiridos por alguna información difundida por algún periodista.
Entonces, compartimos la idea de que el periodismo es fundamental para construir una versión de la realidad que, éticamente, debe ser lo más cercana a la verdad. Podemos afirmar que quienes se comprometen con la verdad, se comprometen con un bien complejo, porque “la verdad nos hace libres”, decía el Rabbi de Galilea. Más contemporáneo, Gandhi decía: «La verdad nunca daña a una causa que es justa.», o «La verdad es la única posesión que nadie puede quitarte.» de Frank Tyger, reconocido caricaturista editorial de un periódico de Nueva Jersey.
Comprometerse con la búsqueda cooperativa de la verdad es una tarea de pocos y no siempre termina siendo el bien más preciado, por dolorosa que sea, por romper los esquemas mentales que han sido insertados a través de la neblina de la realidad subjetiva y manipulada por el poder. Michell Foucault decía que está construida para las relaciones de poder en la sociedad. La verdad es la versión de la realidad que nos hacen creer, es una herramienta de dominación y control que se utiliza para mantener el statu quo.
Por eso, el periodismo comprometido termina siendo una profesión de contrapoder en contra de la ignorancia y la dominación de los poderosos. Esta cruda realidad de nuestra profesión adquiere sentido cuando revisamos los datos. En 2023, Reporteros Sin Fronteras reveló que en todo el mundo, 521 periodistas están encarcelados por causas arbitrarias relacionadas con su profesión y agregó que 45 es el número de periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión, al 1 de diciembre de 2023.
El dato es alarmante. Cuando la ONU empezó a preocuparse por la seguridad de los periodistas en 2011, hace 13 años, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, consideraba “Mapear un plan de acción de la ONU sobre seguridad de periodistas y acabar con la impunidad de los perpetradores de violaciones contra ellos es esencial,». En ese momento, repito, hace 13 años, la cifra reflejaba que más de 500 periodistas habían muerto en el mundo al inicio del siglo XXI. Al parecer la barbarie que, dicen, abandonamos con la civilización, se mantenía es ese siglo, al cual, irónicamente, llamamos la era de la información, era digital o del conocimiento.
No hay duda de que la polífona de voces es más amplia por medios alternativos. Con la desconcentración económica del discurso, ha provocado que emerjan voces comprometidas con la búsqueda de la verdad. Es en este nuevo contexto, en que los periodistas con menos ataduras con el poder económico, que también controlan el poder político, pueden ejercer una profesión libre de presiones, como lo definió la UNESCO, en alarma del aumento de amenazas a la libertad de expresión, decía: “hay viejos obstáculos que se mantienen fuertes y surgen nuevas amenazas a la libertad de expresión. En demasiados países se sigue penalizando la expresión y condenando a los periodistas a penas de cárcel por difamación. La despenalización total del libelo continúa siendo una batalla que tenemos que librar en todo el mundo. Pero lo más trágico es que la seguridad de los periodistas, los trabajadores de medios de comunicación y quienes escriben en las redes sociales empeora año tras año, con aumento del número de muertes”.
Vale la pena hacer una reflexión más sobre las condiciones de nuestra libertad de expresión este día. Cuando el 3 de mayo celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, recordamos que como Colectivo de Docentes de Periodismo de la Universidad de El Salvador, hemos realizados varios balances en los últimos años sobre las condiciones en que se encuentra el ejercicio libre de la profesión, cuando vemos las amenazas que exponen nuestros colegas periodistas y muchos graduados de la Universidad de El Salvador.
La mirada desde donde vemos el problema ha sido siempre desde dos enfoques: uno el de los derechos humanos y dos el de calidad de la democracia. La Declaración de Windhoek dice: “De conformidad con el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista y libre son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un país, así como para el desarrollo económico”.
El periodismo libre es un pilar fundamental de la democracia, ya que garantiza el acceso a información veraz y plural, promueve la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno. Además, el periodismo independiente es fundamental para fomentar el debate público y la participación ciudadana en los asuntos de interés común. Al proporcionar información imparcial y diversa, los medios de comunicación libres permiten a los ciudadanos tomar decisiones informadas y ejercer sus derechos democráticos de manera efectiva.
La UNESCO hace una relación entre los objetivos de desarrollo sostenible, en sus 17 puntos, y también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Comunicación y la Información. Considera “La libertad de expresión y la seguridad de los periodistas son dos pilares importantes del Estado de derecho que, a su vez, es una condición indispensable y un resultado del buen gobierno y de un programa de desarrollo centrado en los derechos humanos”. La labor realizada por la UNESCO en este ámbito contribuye a la consecución del Objetivo 16, al promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantizar el acceso del público a la información y defender las libertades fundamentales.
En el sentido de la defensa de la libertad de expresión, este colectivo de académicos de periodismo realizamos en 2022 el foro “Amenazas a la libertad de prensa. El Salvador nación en riesgo”, desde dos premisas: La primera, las evidencias de que la libertad de prensa en El Salvador se ha deteriorado, cuyos alcances también ponen en riesgo el derecho humano de la libertad de expresión. La segunda, la premisa que no puede haber calidad de la democracia sin un sistema de medios plural e independiente, por tanto, actualmente, representa un peligro a la construcción de la Nación con el anhelo que representó la firma de los acuerdos para crear una cultura de paz, y una democracia transversal que supere las desigualdades sociales.
Como evidencia el índice de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras, en ese año 2022 ya demostraba un descenso en el ranking entre 180 países, en donde El Salvador ocupaba la posición 112. Ya para el 2021 había descendido a la posición 115. Debemos enfatizar que en 2020, la posición de El Salvador era No. 82. Este organismo, con sede en Londres, resumía el problema en 2023 en dos aspectos: Primero: Los medios son víctimas de la violencia generalizada que reina en El Salvador. Desde que accedió a la presidencia, en junio de 2019, el presidente ataca y amenaza a los periodistas no afines a su gobierno. El ejercicio periodístico está marcado por el acoso a medios críticos y la criminalización de la cobertura sobre seguridad pública y pandillas. Segundo: El uso de trolls que refuerza la narrativa oficial y la información sobre asuntos públicos es confidencial desde la pandemia. Es decir falta de transparencia y rendición de cuentas.
En el comunicado del 3 de mayo de 2022 denunciábamos y cito un párrafo: “Enfatizamos que hemos observado un deterioro en las relaciones de la comunicación estatal con una parte del ejercicio periodístico independiente y en contra de empresas de medios interesados en la agenda política. Las contradicciones y contrastes que surgen de hallazgos de ciudadanos y periodistas difundidos por la prensa, no deben ser calificados como ataques de la oposición y, menos, sometidos al desprestigio social”. Ya los informes de la relatoría de Libertad de expresión de la Asociación de periodistas de El Salvador, APES, registran hechos sistemáticos focalizados a determinados periodistas, restricciones al ejercicio periodístico, declaraciones estigmatizadas y acoso digital, son algunas.
En ese mismo comunicado solicitábamos “Por todo los anterior, este día hacemos un llamado al presidente de la República y a las distintas instituciones del Estado que participemos en la construcción de un país tolerante y democrático, al servicio de la población, que tenga como finalidad superar las desigualdades sociales y que la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública sean un bien al servicio de los derechos ciudadanos.
Pero también exhortamos a los medios de comunicación y periodistas que, en la tutela y autotutela de su Libertad de Prensa, nos esforcemos por evitar las tentaciones de manipulaciones y desinformación que afloran en momentos críticos como el actual. El compromiso con la verdad debe ser siempre coherente con la ética periodística.”
Si bien El Salvador no ha sido un remanso de democracia, ni de libertad de expresión, de lo que hablamos ahora es que el panorama actual no ha mejorado y, de hecho, empeora. Esta afirmación está respaldada por los informes de Reporteros Sin Fronteras, por el índice de democracia, publicada por The Economist, cuyo dato nos degrada a un régimen hibrido con rasgos de autoritarismo. También, el índice Chapultepec, en su informe 2023 dice “En tan solo un año, El Salvador pasó de ser un país con parcial restricción a alta restricción a la libertad de expresión y prensa”, con ligeros matices de indicadores de leves a moderados. Pero no somos los únicos. El informe del Estado de la libertad de expresión y la seguridad del ejercicio periodístico en Centroamérica 2023, publicado en Costa Rica, pone en evidencia las condiciones de deterioro en la región y no presenta mejorías en relación al último informe. Así que este deterioro es común en toda Latinoamérica
El año pasado hacíamos un análisis en el foro: Ejercicio ético del periodismo en un contexto de amenazas democráticas y la captura del discurso público. Desde la lectura de la narrativa política reflexionábamos que la disputa del discurso dominante frente a la búsqueda de la verdad transita en contexto de constante flujo de propaganda gubernamental diseminada especialmente a través de redes sociales, en un escenario donde se mueve la mayoría de los medios no alineados que sobreviven dentro de los frágiles límites de un periodismo ético. Estos flujos de información no son equitativos ya que, por un lado, hay una mayor presencia de posiciones –y mentiras– gubernamentales y, por otra parte, se deslegitima a las investigaciones periodísticas como mentiras o sesgadas por intereses políticos. La propaganda como discurso público no solo cumple su función de persecución y manipulación ciudadana, sino de dispersión y distracción de la opinión pública frente a evidencias presentadas por el periodismo de profundidad. En esa disputa de la información como poder, la prensa de agenda política enfrenta envestidas autoritarias para frenar posiciones consideradas disidentes. Volvíamos a mencionar que todo esto se suma a las restricciones al acceso a la información pública y la falta de transparencia en la gestión de la misma para la ciudadanía en beneficio de su soberanía.
Todo este discurso limita la libertad de expresión, intimida a las voces críticas y por lo mismo estanca la débil democracia en función de una visión supremacista de unos sobre otros. En 2024 vivimos dos procesos electorales que también han dejado serias dudas sobre las garantías que el Estado ofrece para el libre ejercicio de la profesión:
Según la Asociación de Periodistas de El Salvador existieron 224 vulneraciones a periodistas en elecciones presidenciales/legislativas y 98 vulneraciones en el proceso electoral de municipalidades y parlamento centroamericano. Pero las vulneraciones acumuladas durante el régimen de excepción también trastoca el ejercicio periodístico en el país, y un aspecto de los que menos se habla: la salud mental. El informe publicado en 2023 “Régimen de excepción y afectación a la libertad de prensa y libertad de expresión en El Salvador dice y cito textualmente: “Tanto participantes en los talleres realizados como las personas entrevistadas coinciden en advertir que quien ejerce labores de periodismo es un ser humano como cualquier otro, que realiza su trabajo bajo condiciones laborales difíciles, en la mayoría de los casos, con bajo salario y sometido a una fuerte presión. Las agresiones ejercidas desde el Estado contra periodistas se extienden a su grupo familiar y social. El discurso de odio desde el más alto nivel de funcionarios estatales trasciende del ámbito de redes sociales y se concreta en agresiones contra periodistas y comunicadores”.
Debe agregarse lo que varios informes internacionales advierten como es el caso particular de agresiones digitales a mujeres a través de redes sociales. Todo indica que son las mujeres más vulnerables, por razones de género. De ahí que también, con apoyo de la UNESCO desarrollamos el conversatorio “Periodismo bajo asedio digital y la protección de mujeres periodistas”. Y se abordó el tema de la asistencia ante crisis en mujeres periodistas. Los casos son alarmantes. Entre los meses de octubre de 2023 a enero 2024 contabilizan 638 ataques a través de redes sociales, según indica el informe sobre violencia digital basada en género hacia mujeres periodistas, editado por la APES.
Ahora bien, cada una de las acciones se suma a una serie de demandas del sector que deben ser investigadas y que en este momento se mantienen en la impunidad:
La denuncia en fiscalía por el espionaje telefónico a periodistas y defensores de derechos humanos a través del software Pegasus que solo es vendida a los Estados, como afirma la empresa propietaria israelí NSO Group.
En 2021 La asociación de radios y programas participativos, ARPAS, recibió 4 notificaciones del ente regulador, SIGET, para el cierre inmediato de 3 radios comunitarias, una de ellas la única radio indígena, de no hacerlo serían multadas con 450 mil dólares. Según la misma CIDH, las radios ciudadanas no pueden ser discriminadas por razones económicas, ni tecnológicas, porque constituye una violación a la libertad de expresión. Incluso deben ser tratadas con un marco normativo para fomentar su desarrollo e inclusión. Nada de esto ha sucedido, por el contrario se ha frenado el avanza a la reforma a la ley de telecomunicaciones que reconoce los medios comunitarios sin fines de lucro.
Si bien la desconcentración de los medios de comunicación era el fin de la reforma, existe una inversión gubernamental sin precedente en un sistema de medios al servicio de la agenda del ejecutivo que dista mucho de ser medios públicos. La CIDH, en relación a los medios públicos, considera que “debe tratarse de medios públicos independientes del Poder Ejecutivo; verdaderamente pluralistas; universalmente accesibles (…) y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos”. Por el contrario, la estrategia de marketing político del gobierno limita espacios de participación y acceso a medios que fomenten la libertad de expresión y la profundice en la calidad de la democracia.
Sin embargo, todo este tipo de denuncias sirven para marcar una ruta de cambio. Puede mejorase y debe mejorarse desde una política de cultura de paz que antepone por sobre todo lo demás el interés público y el bien común que intenta superar las desigualdades desde la integración social.
Es por eso que este día recordamos el caso de los periodistas holandeses que fueron asesinados en una emboscada del ejército salvadoreño cuando se dirigían a una cobertura periodística en 1982. La barbarie y la intolerancia de los conflictos armados nublan la mirada y nuestra capacidad como civilización de autorregular nuestras conductas. Sean todo esto un llamado para evitar la escalada en contra de la profesión periodística para evitar en el futuro la pérdida de vidas y luto a sus colegas, amigo y familiares. No es correcto, bajo ninguna mirada, que este día estemos conmemorando el asesinato de colegas periodistas. Deberíamos celebrar la vida y éxito de estos profesionales. Por ahora, son el ejemplo de lo que no queremos que suceda de nuevo. Nunca y en ninguna parte de nuestro planeta.
Por eso también queremos recordar que actualmente vivimos uno de los conflictos armados más crueles de nuestra historia contemporánea. Según Reporteros Sin Frontera, en la franja de Gaza han muerto en los últimos 5 meses 103 periodistas en ataques israelíes, al menos 22 estaban en funciones de reporteo. En palabras de su secretario Christophe Deloire dice.
«Estos 103 periodistas no son números, son 103 voces que Israel ha silenciado; 103 testimonios menos sobre la catástrofe que se desarrolla en Palestina, 103 vidas extinguidas. Si algo demuestran las cifras es que, desde el 7 de octubre, ningún lugar de Gaza es seguro, ningún periodista de Gaza está a salvo, y la masacre no se detiene“.
El Comité para la Protección de Periodistas, fundado en 1981 por corresponsales estadounidenses, en su informe publicado el 15 de febrero de este año dice que esta es la mayor cantidad de muertes registrada por la organización desde 2015, un grave indicador de la cifra sin precedentes de periodistas y trabajadores de medios que han perecido en la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.
Su directora ejecutiva, Jodie Ginsberg, dijo “La inmensa pérdida sufrida por los periodistas palestinos en esta guerra tendrá efectos a largo plazo sobre el periodismo, no solamente en los territorios palestinos, sino también en la región y más allá de ella. Cada periodista que muere es otro golpe a nuestro conocimiento sobre mundo”.
Quisiera cerrar estas palabras como ciudadano, que el respeto a la seguridad de los periodistas garantiza las posibilidades de poder acercarnos a la verdad de los hechos. Por eso es importante la profesionalización de los periodistas para fortalecer la institucionalidad del ejercicio de la libertad de prensa. Pero también es necesario, garantizar la libertad de expresión de ciudadanos comprometidos con exigir contraloría de la gestión pública y transparencia con sus experticias técnicas que permiten comprender el entorno. Como sea es un periodismo comprometido con una cultura de paz en armonía con las identidades, la tolerancia para hacer de este país y este planeta más justo.
Muchas gracias.
