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Entre marzo y septiembre suman 4,071 denuncias de violaciones de derechos humanos recibidas por siete organizaciones de derechos humanos originadas por el régimen de excepción. A las organizaciones les preocupa que, cerca de cumplir siete meses, la medida ha tomado un carácter permanente de suspensión de derechos y garantías.
“El periodo excepcional de suspensión de derechos se ha convertido en una política estatal permanente que expone a todas las personas del país a procesos judiciales sin la garantía del debido proceso, además de una serie de abusos por los que el Estado continua sin responder ante la ciudadanía y organismo internacionales”, señalaron las organizaciones en un comunicado.
Las organizaciones expusieron que las denuncias recibidas en su mayoría son personas en el rango de edad de entre 18 y 30, y son por detenciones arbitrarias. Sin embargo, no es la única afectación debido a que el régimen de excepción ha propiciado abusos de fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, faltas al debido proceso, la inaccesibilidad a información de familiares detenidos e incluso muertes bajo la tutela del Estado, afirmaron.
En este sentido, explicaron que los elementos de la Policía Nacional Civil son especialmente los señalados de las detenciones arbitrarias.
A juicio de la directora de investigaciones de Cristosal, Rina Montti, en la situación actual “es muy preocupante que no se vea un fin a estar haciendo prórrogas del régimen de excepción”, dentro del cual, tanto organizaciones nacionales como la comunidad internacional han asegurado que se están “cometiendo distintas vulneraciones de derechos humanos”.
Montti también señaló que dentro de los centros penitenciarios existen condiciones infrahumanas y eso están “detonando incluso que pueda acelerarse procesos de muerte”.
Debido a las numerosas violaciones de derechos humanos las organizaciones solicitaron cesar el régimen de excepción para detener injusticias y arbitrariedades en los procesos de detención y en los centros penales.
Las organizaciones que se han encargado de documentar las más de cuatro mil denuncias de derechos humanos son Cristosal, AMATE El Salvador, la Red salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos humanos de la UCA (IDHUCA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Servicio Social Pasionista (SSPAS). Azul Originario (AZO).
