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La Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos (CPAJ) de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) interpuso este 20 de noviembre de 2023 a la Fiscalía General de la República (FGR) el primer caso de carácter individual sobre agresiones contra periodistas cometidas por agentes estatales y durante el régimen de excepción.
La denuncia aborda los delitos ocurridos en diciembre de 2022 en contra de una periodista, cuyo nombre se encuentra reservado por seguridad, y su equipo, quienes daban cobertura a los avances de la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en el municipio de Tecoluca, San Vicente.
Fue en ese contexto en el que ella, junto a su equipo, fueron intervenidos por un aproximado de 30 agentes estatales, entre policías, militares y custodios de Centros Penales. “Estos valiéndose de sus cargos les retuvieron indebidamente por más de dos horas, tiempo en el que les obligaron a borrar imágenes y vídeos de la cobertura que tenían dentro de sus celulares, cámaras y drones. También, trataron de decomisar sus equipos y revisaron sus teléfonos personales, violando su privacidad”, afirmó APES en un comunicado.
Angélica Cárcamo, presidenta de la organización, sostuvo que la periodista tardó casi un año (desde la retención por agentes) para interponer la denuncia, acompañada por el equipo jurídico de APES. “Esto como una forma de demostrar lo complicado que es para un periodista o una periodista poder hacer uso de las entidades de sistemas de justicia porque no hay un tema de credibilidad y porque hay un tema de temor de que puede haber algún tipo de represalia”, dijo Cárcamo, quien también saludó la valentía de la periodista.
Los delitos que se señalan en la denuncia y que son sancionado en el Código Penal son: Atentados relativos a la libertad de expresión, sancionado de dos a cuatros años en el artículo 293, el delito de privación de libertad por funcionario público, sancionado de tres a seis años, y el delito de actos arbitrarios, sancionado de dos a cuatro años en el artículo 320.
“Si no se denuncian este tipo de abusos lo que va a ir sucediendo es que irá generalizando”, dijo Oswaldo Feusier, abogado que acompaña el caso. Agregó que esta acción tiene también como objetivo el establecer un precedente.
Solo entre enero y septiembre, la organización de periodistas registra al menos 270 vulneraciones. La mayoría cometidas por actores estatales: policías, militares y también funcionarios como diputados y el presidente de la República, sostuvieron.
Con edición de Morena Villalobos
