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“Es justo y oportuno recibir por el etnocidio de 1932 el mecanismo estatal de la garantía de no repetición de los hechos, censo de la víctimas, sobrevivientes y descendientes, investigación de los hechos, divulgar que el motivo real fue el despojo y que no se señale a los masacrados como comunista y que se haga justicia sobre los hechos”, expresaron los integrantes del Consejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI) en un comunicado.
Lo anterior es una exigencia que como respuesta ha tenido durante más de nueve décadas, el silencio por parte de las autoridades salvadoreñas y el sistema de justicia. Así como los últimos gobiernos de turno, el actual ha marginado e ignorado de la misma forma la sabiduría de los abuelos de sangre milenaria, lamentaron.
“Esto agrava y posterga aún más la deuda histórica que el Estado de El Salvador posee con nosotros como los pueblos nativo-originarios. El silencio del etnocidio del General Maximiliano Hernández Martínez en 1932 no es responsabilidad directa del gobierno de turno, pero si es responsabilidad del Estado y es una deuda que hoy en el momento de que se quieren hacer las trasformaciones es oportuno e inexcusable cuando el presente Gobierno tiene dominio absoluto en los tres poderes del Estado”, señaló el CACTI.
En El Salvador, cada 22 de enero, los pueblos originarios conmemoran la masacre que fue perpetrada contra sus hermanos, hermanas, tatas, nanas, abuelos y abuelas. Ese año, el país fue testigo del levantamiento campesino donde miles de salvadoreños se alzaron con machetes y unos pocos fusiles en bandera de rebelarse contra las injusticias a las que eran sometidos. La respuesta del dictador y general Maximiliano Hernández Martínez, quien era el mandatario en ese momento, fue perpetrar uno de los peores ataques en contra de un grupo étnico en América Latina.
De acuerdo con el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Unesco, las víctimas de esta masacre rondaron entre 10,000 y 30,000 personas de las comunidades indígenas pertenecientes a Izalco, Sonsonate.
CACTI, un espacio que reúne a diversas comunidades indígenas llamó al Estado salvadoreño a declarar las tumbas de sus antepasados como lugares protegidos, a respetar y a ratificar estándares de derechos humanos internacionales sobre esta población y a instalar un diálogo permanente entre autoridades y pueblos indígenas con el fin de conseguir justicia, reparación y reivindicar derechos que por décadas se han vulnerado.
Con edición de Morena Villalobos
