43 años se cumplieron el pasado 11 de diciembre desde que militares del Batallón Atlacatl de las Fuerzas Armadas de El Salvador perpetraron uno de los crímenes de lesa humanidad más grandes de la región: la masacre de El Mozote y lugares aledaños, en donde más de 900 personas, en su mayoría niñas y niños, fueron asesinados.
“Queremos justicia, no más impunidad”, fue una de las exigencias por parte de los familiares de víctimas de la masacre durante las actividades conmemorativas que año con año realizan con el objetivo de honrar a sus seres queridos.
“Estamos esperando y exigiendo que se haga justicia”, reiteró Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), tras lamentar además que el caso se encuentra estancado judicialmente.
Irene Gómez, abogada del equipo de justicia transicional de Cristosal, detalló que la jueza a cargo del caso se ha caracterizado por repetir diligencias como la declaración de testigos, de las cuales indicó, a la fecha hay suficiente prueba testimonial, ha realizado diferentes diligencias sin la presencia de todas las partes procesales y sin emitir una resolución, entre otras acciones que incluso han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La abogada se refirió también en este marco al anteproyecto de Ley de Justicia Transicional elaborado por víctimas del conflicto armado y organizaciones de derechos humanos, entre ellas APDHEM, y que presentaron en octubre de este año. Este fue la tercera propuesta desde 2019 que víctimas presentaron en buscar de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria histórica.
“La respuesta del Estado para las víctimas del conflicto armado es que no están con ellas, están con los victimarios, al no pasar a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de justicia transicional. Vemos que no hay voluntad política para que a las víctimas del conflicto armado se le puedan resarcir sus derechos”, indicó a VOCES, Irene Gómez.
Con edición de Diego Hernández