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“Para nosotros, además de un reconocimiento de nuestro trabajo, significa un compromiso a continuar en la defensa de derechos humanos, en ayudar esos sectores vulnerables del país”, recalcó Ovidio Gonzáles, coordinador de la Asociación de Derechos humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.
El premio fue entregado el 12 de octubre por el Instituto de Estudios Políticos (IPS) en Washington D. C., Estados Unidos. Para celebrar la entrega de dicho reconocimiento, el 18 de octubre Tutela Legal, junto a organizaciones comunitarias, históricas y de sociedad civil, se congregaron para un acto simbólico y conmemorar más de 40 años de la labor de la organización.
“Es un reconocimiento a la lucha junto a familias y víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Significa un respaldo de esperanza, un camino a seguir, en el cual, sabemos y nos dice que no estamos equivocados en acompañar a víctimas, comunidades, a lideres de nuestro país en su caminar por la situación graves de derecho humanos. Nos da ese impulso a seguir trabajando, como lo hemos hecho históricamente y en la actualidad”, dijo Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal.
El premio lo concede año con año el IPS en honor a Orlando Letelier y Ronni Moffit, dos personas que lucharon por la justicia, el respeto de los derechos sociales y civiles, económicos y cultura de América, pero que fueron asesinados en Estados Unidos en 1976.
Tutela Legal “Dr. María Julia Hernández” nació el 10 de octubre de 2013. Sin embargo, su equipo ha trabajado desde la década de los 80´s con Tutela Legal del Arzobispado, fundada por Monseñor Arturo Rivera y Dalas, un religioso salvadoreño, que colaboró junto a Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Su equipo ha acompañado casos emblemáticos de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a derechos humanos como la masacre de El Mozote y lugares aledaños (perpetrada en 1981 en el departamento de Morazán), la del Río Sumpul (perpetrada en diferentes localidades de Chalatenango en 1980), la Quesera (en Usulután en 1981), el asesinato de Monseñor Romero (en marzo de 1980), entre otros.
“Es importante que existan estas instituciones defensoras de derechos humanos porque en el país, lastimosamente, se violan a diario los derechos humanos y en el caso de la masacre de El Mozote ha sido una violación grande y en la que hemos insistido en llevarla a la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas”, expresó Cruz Vigil, representante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM).
“Muchas víctimas del conflicto armado y familiares están muriendo. No perdemos la esperanza de encontrar justicia. Sin embargo, nuestro país vive en una gran impunidad y por eso se necesitan instituciones como estas (Tutela Legal) y otras defensoras de derechos humanos que están surgiendo”, coincidió Nohemy Ortiz, representante del Comité de Víctimas de la masacre la Quesera.
Actualmente, Tutela Legal también acompaña a víctimas durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022. “Son muchas víctimas a las que han apoyado desde la organización. Hemos presentado en conjunto cerca de 500 habeas corpus a la Corte Suprema de Justicia, pero las autoridades salvadoreñas, a un año y medio desde el régimen de excepción, siguen sin asumir ningún compromiso”, señaló Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR).
Con edición de Morena Villalobos
