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“El Salvador no es un país seguro para ejercer el derecho a defender derechos”, aseveraron las organizaciones que integran la Mesa por el Derecho a Defender Derechos tras revelar un aumento calificado como “el más alto en los últimos tres años” de agresiones contra este sector entre enero y diciembre de 2023.
Un total de 226 casos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas fueron los resultados del tercer informe anual de dicha organización. Esta cifra representa, aseguraron, un aumento del 24.1% con relación al año 2022: en 2020 reportaron un total de 100 casos de agresiones, en 2021 un total de 185 casos y en 2022 fueron 182.
Entre enero a diciembre de 2023, también se observó, según el informe, 145 agresiones individuales, mientras que los que se dirigieron a colectivos fueron 81. Aun así, las organizaciones manifestaron su preocupación por estas últimas, pues significó un aumento del 113.15% en relación con el año 2022, afectando a medios de comunicación, gremiales, organizaciones defensoras de derechos humanos, comunitarias y movimientos de víctimas.
Asimismo, un poco más de la mitad (50.03 %) de los casos de agresiones registrados fueron de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas, seguido de los de la población masculina (46.90 %) y la población de la comunidad LGBTIQ+, principalmente, mujeres trans (2. 07%). Casi la tercera parte de las agresiones en su mayoría fueron en contra de personas adultas.
Por otra parte, entre los derechos más vulnerados en contra de las personas defensoras y periodistas, se encontraron el derecho al honor, a la imagen pública y familiar, el derecho a la libertad y seguridad personal, la libertad de pensamiento y expresión y derechos digitales. Estas personas fueron víctimas de declaraciones estigmatizantes, acoso digital, amenazas, a la intimidación, campañas de desprestigio, restricciones al ejercicio periodístico, entre otras.
Entre los principales perpetradores se encuentran funcionarios públicos y elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, añadieron.
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos instó al Estado salvadoreño a legislar en favor del reconocimiento y protección de las personas defensoras y periodistas, junto a políticas bajo un enfoque de género y protección integral. También demandaron el cese de las prórrogas del régimen de excepción, entre otras medidas administrativas y legales, puesto que son estas las que generan contextos de más riesgo y criminalización de esta población.
Con edición de Diego Hernández
