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Foto tomada de El Economista
Organizaciones de la sociedad civil condenan lo que consideran una violación a la separación de poderes.
El 9 de febrero de 2020, el presidente Nayib Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa junto con miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados de la Fuerza Armada en el contexto de una pelea entre el órgano ejecutivo y el legislativo por un préstamo del Plan Control Territorial (PCT) que no había sido aprobado aún.
De acuerdo con él, el Consejo de Ministros había convocado a una sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa para que aprobaran un préstamo de $109 millones para financiar la segunda fase del PCT. Sin embargo, los diputados no asistieron a la convocatoria, argumentando que esta no tenía validez, ya que solo el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce en aquel entonces, tenía la facultad para convocar plenarias.
Debido a esto, Bukele llegó a la Asamblea, entró con militares y policías, se sentó en la silla y dio inicio a la plenaria. Luego de hacer un acto de “rezar”, salió del Salón Azul y le dijo a cientos de manifestantes a favor de Bukele que debían tener paciencia.
En una sesión de la Comisión de Hacienda el 7 de febrero de 2020, Ponce dijo que habían llegado a un “compromiso” por votar a favor del préstamo, y que tendrían la votación el jueves de la otra semana.
ONGs y oposición condena el 9F
Distintas organizaciones no gubernamentales emitieron hoy un comunicado donde condenan el hecho.
“Hace 2 años, el presidente Nayib Bukele irrumpió en el Palacio Legislativo con militares y policías, usurpó la silla y el cargo del presidente legislativo y consumó una violación a la separación e independencia de los órganos del Estado que continúa en la impunidad. Esa fecha marca hoy un hito ignominioso en el avance de su proyecto autoritario en detrimento de la democracia y de los derechos de la ciudadanía”, expresaron.
Por otra parte, la diputada del FMLN, Dina Argueta, expresó que el 9F fue un ataque a los cimientos de los Acuerdos de Paz. “#9FNuncaMás El #9F no solo se trató de un atropello institucional, sino de un atropello a todas aquellas garantías que fueron parte de un nuevo sistema creado, producto de los Acuerdos de Paz. El objetivo del 9F [concentración total de poder] se viene materializando desde el #1M”, dijo en un tuit.
La referencia al 1M es sobre los hechos que se produjeron el 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa, de mayoría de Nuevas Ideas, destituyeron al Fiscal General y a la Sala de lo Constitucional.
“El 9 de febrero del 2020 se rompe algo en El Salvador. Se rompen muchas cosas: el orden constitucional, se rompe la confianza que había a nivel internacional y también internamente hacia el presidente de la república. Ese día se quita la máscara y ya no podemos alegar ningún tipo de ingenuidad”, mencionó la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz.
Los funcionarios oficialistas no se han referido directamente al hecho. La única referencia ha sido indirectamente por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
