VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
Comerciantes desalojados a inicios de mayo de 2024, acompañados de abogados de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), se concentraron frente a las oficinas del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) para exigir respuestas y resarcimiento sobre los daños causados, alegando que la causa principal de dicha situación se originó desde una denuncia del ISTU.
“Este día hemos presentado un escrito formal y legal de petición al Instituto Salvadoreño de Turismo por el tema de las medidas y acciones que se tomarán luego de la resolución emitida por el Juzgado Ambiental de San Salvador en donde da razón a estos abogados del equipo de UNIDEHC, en el sentido en que hubo una mala interpretación de otra resolución y medidas cautelares brindadas por dichos juzgados y que terminó en el desalojo arbitrario, incluso la destrucción y quema de la pertenencia de estos comerciantes”, sostuvo Rudy Joya, abogado y vocero del UNIDEHC.
De acuerdo con el abogado, fueron los representantes del ISTU quienes, a través de una denuncia por la supuesta contaminación ambiental por parte de dichos comerciantes, solicitaron inspeccionar el área y, en caso de existir contaminación, reubicar a los comerciantes.
59 comerciantes fueron desalojados, algunos de los cuales continúan sin trabajar a la fecha, según expresaron este día. Estos hechos se llevaron a cabo bajo la orden de Armando Jirón, titular de la alcaldía de La Paz Centro, y César Ticas, jefe de Catastro de la misma alcaldía. Este último quien dirigió la quema de ramadas y demás pertenencias de las personas que vendían a las orillas de la playa. Ambos se encuentran detenidos desde el 14 mayo por el supuesto delito de “contaminación ambiental”.
Para mediados de mayo, el mismo juzgado resolvió que la municipalidad hizo una “mala interpretación” a la resolución producto de la denuncia emitida en primer lugar por el ISTU.
Los comerciantes y abogados instaron a la institución tomar las medidas pertinentes para resarcir los daños causados a estos, explicar por qué interpusieron dicha denuncia de contaminación ambiental pese a no existir elementos probatorios, así como instalar una mesa de diálogo para una pronta reubicación dentro o fuera del centro turístico de la Costa del Sol.
