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A un año de la entrada en vigencia la Ley General de Recursos Hídricos (LGRH) y con esta la creación de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), el Foro del Agua aseveró que existen diferentes retos fundamentales para que el derecho humano al agua esté al centro y exista justicia hídrica.
Carlos Flores, representante del Foro, manifestó que una de las principales preocupaciones es que el plazo para la inscripción de las juntas de agua finalizó ayer y existe la posibilidad de que puedan ser multados.
Solo alrededor de 400 de 2500 sistemas de agua lograron inscribirse. Esto no les garantiza que tengan el permiso para el aprovechamiento del agua, explicó.
En contraparte, aseguró que más de 18,700 empresas sí lograron registrarse y suponen que ya tiene permiso, mientras que las juntas de agua aún no son legales.
“¿El derecho de quien prevalece ahí? El derecho de la empresa que tiene permiso”, agregó Flores.
Según la organización, la diferencia se debió a que la estrategia utilizada por la ASA para promover la inscripción al registro de recursos hídricos fue “insuficiente y excluyente para la gente y favorable para las empresas” debido a que el medio de difusión fue únicamente la página web y hubo un “casi inexistente” despliegue y acompañamiento territorial.
Entre otros de los retos que la organización enfatizó es que, hasta la fecha, no se han establecido criterios técnicos mínimos para la emisión de permisos de exploración. Previo a la entrada a la Ley de Recursos Hídricas existían una serie de criterios que fueron desarrollados por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Sin embargo, a la vigencia de un año de la LGRH, la ASA ha ignorado estos, y ya existen casos como el del cantón la Barranca Honda en San Juan Opico y el de Ciudad Obrera en Ciudad Arce, donde se ha otorgado permisos para la perforación de pozos industriales a menos de 20 metros de los pozos comunitarios, lo cual está “poniendo en peligro el abastecimiento de poblaciones empobrecidas”, aseveraron en un comunicado.
Por otra parte, señalaron que, si bien el Reglamento para la Determinación de Canones por Uso y Aprovechamiento de agua, marca el principio de un proceso “histórico” para el país como es «la asignación de valor económico de acuerdo a las prioridades en el uso del agua», para el Foro, este proceso “se ve limitado por el establecimiento arbitrario de un precio máximo de $0.35 por metro cúbico”, favoreciendo a Industriales y agroindustriales.
El ambientalista Luis González aseveró que “no debería ser generalizado el cobro de este canon, sino que atendiendo a los diferentes usos y, por ejemplo, en el caso de la agroindustria azucarera, que usa esas grandes cantidades de agua, pagarían lo mismo que juntas comunitarias de agua que se la ven complicado día a día para llevar el agua a las diferentes familias que son beneficiarias”. En este sentido, “el canon limita el logro de la justicia hídrica”, agregó.
Por otra parte, aseguraron que a la fecha no se ha elaborado el Reglamento General de la Ley y no se ha elaborado o actualizado el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2017.
Asimismo, manifestaron su preocupación que la ASA estableció como reservada por 7 años la información sobre acuerdos de cooperación interinstitucional con ANDA para el financiamiento de obras, actividades y proyectos; entre otros aspectos.
“La superación de estos desafíos representa un reto fundamental de la ASA para avanzar en una gestión justa, sustentable, equitativa y que ponga en el centro el derecho humano al agua de las poblaciones empobrecidas del país”, afirmó el Foro del Agua.
Con edición de Diego Hernández
