VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
Foto tomada del Twitter del OUDH
1824 personas fueron víctimas de muertes violentas por parte de agentes de seguridad pública, según el OUDH.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) estableció en su informe llamado “ejecuciones extrajudiciales en El Salvador 2015-2020” que de 1365 agentes de seguridad pública procesados por un delito relacionado a la muerte violenta solamente 25 agentes de seguridad pública han sido condenados, lo cual significa que solo el 1.83% de ellos son condenados. “La impunidad está garantizada en la gran mayoría de los casos”, señaló el reporte.
Esto concuerda con otro dato mencionado en el informe sobre los porcentajes altos de casos que son suspendidos por falta de causas que justifiquen el proceso judicial. “Tomando en cuenta que la violencia letal de la PNC en el territorio dejó un saldo de 1824 víctimas, el sistema de justicia solo imputó a 1365 agentes de autoridad, la mayoría de los cuales fue sobreseído definitivamente (78%) y otro porcentaje importante sobreseído provisionalmente (14%)”.
Sobre esto, el informe añadió que el 43.15% de las víctimas por muertes violentas se encuentran en un rango etario de entre los 18 y 30 años; siendo la mayoría de estos del sexo masculino.
Otro aspecto importante sobre la investigación de las ejecuciones extrajudiciales en El Salvador es que no existe el delito de ejecución extrajudicial en el país. “Otro tema que influye en estos hechos violentos es que las ejecuciones extrajudiciales no aparecen en el sistema judicial y este tipo de delitos son mucho más graves cuando son cometidos por agentes de seguridad, quienes son los responsables de cuidar a la ciudadanía”, explicó el director del OUDH, José María Tojeira, en una conferencia de prensa.
Los efectos de esto es que se dificulta la investigación de este fenómeno ya que no hay cifras o datos exactos, y no se puede utilizar la figura en un juicio, ya que no existe. Por esto, entre sus recomendaciones el OUDH solicita que se tipifique el delito de ejecución extrajudicial acorde a estándares internacionales y con la colaboración técnica de las organizaciones civiles de derechos humanos.
Para leer el informe completo haga clic aquí.
