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El 1 de enero de 2022, Carlos Abarca salió de su vivienda para hacer ejercicio. Sin embargo, no regresó a su casa. Después de un año y dos meses, Eneida Abarca, su madre, no ha obtenido ninguna pista que revele qué pasó con su hijo y dónde se encuentra.
“Realmente es indignante que a 14 meses no podemos tener una respuesta de dónde está Carlos… ellos totalmente tienen una pasividad con el caso de Carlos”, dijo Eneida en declaraciones a VOCES sobre la actuación que ha tenido la fiscalía.
La abogada de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), Idalia Zepeda, afirmó que en la mayoría de los casos que ya se encuentran registrados en la fiscalía, ente encargado de investigar hechos criminales y promover la acción de la justicia en nombre del Estado, no se han hecho las diligencias básicas de investigación, como revisar bitácoras de llamadas y entrevistar a personas clave.
“Creemos que hay una falta de voluntad política de las instituciones que los hace incumplir su deber como parte del Estado, pero también una sobrecarga laboral”, añadió Zepeda. Es decir, el contexto del régimen de excepción, con más de 64 mil personas detenidas en 11 meses, ha sobrecargado a los fiscales. Esto ya se venía reportando desde mayo del año pasado.
“Este problema es de fondo, porque la fiscalía no responde a las necesidades de información y de atención que tienen las víctimas familiares de las personas desaparecidas”, acotó la abogada de ASDEHU, organización que funge como representante legal de las familias que han denunciado la desaparición de sus parientes, como Eneida.
Familiares de personas desaparecidas conformaron en febrero de 2022 el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador para unirse en la exigencia de que se sepa la verdad sobre sus parientes desaparecidos.
