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«El policía es un juez de la calle que tiene criterios para poder detener, identificar e individualizar a cualquier persona”, aseveró el titular la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, mientras todo el gabinete de seguridad exponía algunos resultados del régimen de excepción. La afirmación generó críticas sobre el rol que debe tener la policía.
Desde el pasado 27 de marzo, algunos de los derechos constitucionales de los salvadoreños se encuentran suspendidos mediante el régimen de excepción, una medida de seguridad que ha sido prorrogada por once veces, con la que se abandera el actual gobierno de turno y con la cual se pretende combatir la inseguridad y los grupos criminales en el país.
Algunos de los resultados expuestos el 14 de febrero por el gabinete fueron la captura de más 64 mil personas supuestamente ligadas a grupos criminales, la mayoría con detención decretada, y, también, más de 3 mil personas que fueron liberadas tras su captura. A estas personas capturadas, altos funcionarios las han catalogado como un “margen de error”.
“Parece ser que el director de la policía está tratando de legitimar o avalar esas prácticas dándoles ese rol de juez, pero realmente es una desnaturalización, es una violación incluso al rol que tiene la policía, porque a quien le compete decidir si una persona hay elementos para capturarlo es solo a la fiscalía y a los jueces.”, sostuvo Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal.
La PNC es una institución que tuvo su origen tras la firma de los Acuerdos de Paz, junto a su misión específica de proteger, garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, así como mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública en el país.
En este marco de garantías suspendidas, múltiples organizaciones de derechos humanos han reportado más 4,500 denuncias sobre violaciones a derechos humanos, en su mayoría, cometidas por miembros de la PNC y cuerpos de seguridad pública.
Ábrego explicó que los policías no tienen permitido determinar a quién pueden capturar o individualizar a cualquier persona. El único caso por el que un policía puede detener a una persona sin orden judicial o administrativa es cuando lo sorprende en flagrancia, aseguró.
En este sentido, el Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) dijo en su cuenta de Twitter que los miembros de la PNC no pueden llamarse «jueces de la calle», debido a que la institución únicamente, en base a la experiencia del movimiento, pueden analizar y valorar procedimientos donde amerite o no detener a una persona.
“Cuando vemos que el director manifiesta que la policía se convierte en un juez y que puede capturar, creo que hay un abuso por parte de esta institución, por parte de las personas que trabajan para esta institución y que creemos que es grave dar esa posición pública, porque si lo podemos revisar dentro de este régimen de excepción, el mismo gobierno ha aceptado que hay una equivocación de 3 mil de capturas que se han desarrollado con personas inocentes”, indicó Sonia Urrutia, integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP).
Durante el régimen de excepción, organizaciones como Cristosal han asegurado que los cuerpos de seguridad han violado generalizadamente los derechos humanos. Una de las principales violaciones han sido las detenciones arbitrarias o bajo estigmas sociales.
Adicionalmente, se han reportado casos de posibles desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos, abusos de fuerza, e incluso, al menos 90 muertes dentro de los centros penales que. En 2022, el Estado salvadoreño aseguró en un informe a Naciones Unidas, que para los casos de muertes ya se han iniciado investigaciones.
“Para mí, el director se ha equivocado con decir que el policía es un juez en la calle. Creo que es peligroso que se mantenga esa posición por parte del director”, aseveró Urrutia.
