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En el 2001 cuando se registraron los terremotos de los días 13 de enero y 13 de febrero, el gobierno de El Salvador recibió donaciones nacionales e internacionales para apoyar a las familias más afectadas, entre ellas, las que perdieron sus viviendas, como les ocurrió a las originarias de la comunidad Cideco La Herradura, departamento de La Paz.
Fueron más de 50 familias las que perdieron su lugar de residencia y a las que en el gobierno del fallecido presidente de la República por el partido ARENA, Francisco Flores, les prometieron entregarles escrituras de donación de los que serían sus nuevos hogares, pero lo que en realidad firmaron fue un documento de hipoteca.
“En este caso, la denuncia va dirigida a los delitos relativos a la administración pública, especialmente a algunos casos de corrupción y negligencia de la administración. El aviso penal va en contra de tres exfiscales que son Luis Martínez, Douglas Melara y Raúl Ernesto Melara, debido a que desde el 2014 la comunidad presentó una denuncia por estafa y no ha avanzado”, manifestó Rudy Joya, abogado y vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC).
Las familias afectadas en este caso tienen nueve años luchando para obtener justicia y que se investigue a los culpables. Este año, el delito de estafa en este caso podría prescribir y hasta el momento no hay ningún proceso legal en desarrollo. “El peligro es que en nueve años no le han dado el trámite debido al caso, se han cambiado seis fiscales auxiliares, se han perdido pruebas y el proceso no avanza”, agregó el abogado Joya.
Luis Alonso Hernández, líder de la comunidad, asegura que además de haber sido engañados, varios de sus derechos humanos han sido violentados.
Ahora, las más de 50 familias afectadas piden a las autoridades llevar a juicio el caso. “Somos familias necesitadas y no tenemos adónde ir”, agregó Hernández.
