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Foto de FESPAD

Urgen a El Salvador  que cese de criminalizar a ciudadanos y defensores de derechos humanos

Que cese la instrumentalización del sistema de justicia, fue el llamado del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, un grupo aglutinado por diversas organizaciones y activistas derechos humanos a lo largo de la región.

Dicho llamado de emergencia lo hicieron tras presentar el Informe Centroamericano sobre Derechos Humanos y Conflictividad Social: “Sistema de justicia y criminalización de la ciudadanía en la región”, con el que revelaron una tendencia regional y acelerada de crisis del Estado de derecho, caracterizado por la irreversibilidad en el corto plazo de los impactos de dicha condición.

Mismas condiciones, detalló el informe tras una evaluación de los sistemas de justicia, que la región se enfrenta, a la fecha, ante un grave deterioro, siendo El Salvador y Nicaragua quienes en peor situación se encuentran.

Sobre El Salvador, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Héctor Carrillo, manifestó que la situación actual fue escalando desde una serie de hechos durante los últimos años. Entre estos destacó la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la sustitución del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), los procesos de jubilación de jueves y juezas, y otras más recientes, como el debilitamiento de las garantías procesales mediante reformas legales y suspensión de derechos fundamentales durante la vigencia del régimen de excepción.

“El sistema de justicia ha posibilitado que existan casos emblemáticos de criminalización de personas que se dedican a defender derechos humanos”, aseguró. Desde FESPAD han registrado a la fecha al menos 13 sindicalistas criminalizados, la captura de un hijo de un líder indígena salvadoreño, entre otros. Mismas condiciones, han permitido también hacer uso del desprestigio en contra de organizaciones sociales, acciones permitidas o apoyadas por funcionarios, indicó.

De acuerdo con el Equipo Regional, estos países representan cada vez menos límites al poder al no ser observados y las vulneraciones son por parte de la misma institucionalidad. Frente a esto, llamaron también a Guatemala a garantizar la transparencia en la elección de magistrados para cortes, a Honduras que adopte medidas necesarias para garantizar la protección de defensores y otros actores sociales, a Costa Rica a aprobar normas e impulsar acciones que garanticen el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y a Panamá a construir un gobierno de reconciliación nacional.

“El sistema de justicia (en la región) está siendo instrumentalizado. Lejos de servir como un mecanismo que limite al poder, está haciendo lo contrario: está siendo utilizado por el poder para hacer aquellas cosas que históricamente les han causado tanto daño a nuestras sociedades”, sostuvo Carrillo.

About David Ramírez

Periodista de VOCES

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