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Representantes del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), entre otras, urgieron al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, investigar el acoso y seguimiento “ilegal”, de los que defensores de derechos humanos de diferentes organizaciones son víctimas desde la vigencia del régimen de excepción. Entre estas personas víctimas de acoso destacaron a la abogada y vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), Ivania Cruz.
“Estamos haciendo un llamado y una denuncia pública y notoria para que fiscal general de la República (Rodolfo Delgado) investigue de manera exhaustiva estos seguimientos ilegales y arbitrarios, en especial, de la compañera Ivania Cruz, de COFAPPES. Pedimos seguridad personal para ella porque es una defensora de derechos humanos y los defensores de derechos humanos estamos amparados por la Constitución de la República, pero, además, por instrumentos internacionales”, manifestó Ingrid Escobar, abogada del SJH.
De acuerdo con las organizaciones, Cruz ha sido víctima de persecución, acoso político y vigilancia, misma situación que otras personas defensoras de derechos humanos. Esta situación, explicaron, lo confirmaron tras tener acceso a inicios de abril a un expediente judicial relacionado a un caso en Isla Tasajera, que apoya la abogada Cruz. Este expediente contenía fotos de marchas y actividades de las organizaciones, publicaciones de medios de comunicación y páginas oficiales de las organizaciones que representan, indicaron.
Tras una denuncia pública realizada en abril, las organizaciones han obtenido el respaldo y reconocimiento de dicha situación en El Salvador por parte de otros 88 colectivos y espacios organizados internacionalmente. Además de expresar su solidaridad, las casi 90 organizaciones condenaron las afectaciones en contra de estos y llamaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir medidas cautelares a fin de garantizar su seguridad e integridad física.
“El régimen ya no es de excepción, es de represión y es político”, señaló Alfredo Mejía, del MOVIR.
