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Una resolución judicial amplía por dos meses más las medidas temporales ante la demanda que buscan detener la puesta en funcionamiento de una octava presa en el cauce del río, considerado sagrado por las comunidades indígenas.
Las organizaciones sociales y comunidades indígenas que trabajan en la protección del río Sensunapán lamentaron la decisión de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de San Salvador de extender por dos meses más las medidas cautelares de protección dictadas en el caso del río Sensunapán, en Sonsonate, amenazado por las intenciones de instalar una nueva presa hidroeléctrica.
La Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), que integra a las comunidades indígenas, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) señalaron la urgente necesidad de que se dicten medidas definitivas de protección para la cuenca del río y otras zonas aledañas que son consideradas sagradas por los pueblos nahua pipil.
«En el marco de esta nueva prórroga otorgada al Estado, las organizaciones consideramos de medular importancia reiterar la necesidad que se cumplan a cabalidad y sin más dilaciones las órdenes contenidas en el expediente de medidas cautelares», dijo en conferencia de prensa Ariela González, abogada de FESPAD.
Esta es la tercera prórroga a las medidas temporales dictadas en junio de 2021, la cual se extenderá hasta el 12 de diciembre próximo.
En un comunicado las comunidades y las organizaciones consideraron que el Estado salvadoreño continúa sin actuar “a favor de la justicia ambiental y social” de las familias que se verían afectadas de instalarse la octava represa.
Estos daños, indicaron, recaerían sobre unas 10 mil personas que residen en al menos 14 sitios de importancia biocultural para las comunidades indígenas.
