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En el foro “organizaciones de derechos humanos analizan el camino hacia la justicia tras la superación de las amnistías en El Salvador” organizado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), víctimas de graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades encargadas de resguardar el derecho humano internacional lamentaron que desde la derogación de la Ley de Amnistía en 2016 el Estado salvadoreño no ha hecho un esfuerzo por garantizar la justicia transicional para las víctimas.
“Es lamentable y penoso encontrar a las víctimas y sus familias en igual o peor condición de cuando se cometieron estas atrocidades (en el conflicto armado)» resaltó el relator especial de las Naciones Unidas sobre la verdad, la justicia y la reparación, Fabián Salvioli.
Sobre ello, el relator especificó que la derogación por sí sola no era suficiente para que los crímenes de lesa humanidad del conflicto armado sean juzgados, sino que el sistema de justicia debe actuar y accionar para que esto sea una posibilidad. En un comunicado, DPLF explicó que la Fiscalía General de la República actualmente se encuentra investigando más de 200 casos relacionados con el conflicto armado, pero ninguno de ellos ha llegado a la etapa de sentencia para obtener verdad y justicia.
“A siete años de haberse levantado aquel obstáculo jurídico (la amnistía general de 1993) es lamentable y cuestionable que el Estado y todos los gobiernos que lo han administrado a lo largo de estos años, no hayan atendido el clamor y exigencia de las víctimas que siguen aguardando indefinidamente una respuesta judicial por crímenes que se cometieron hace tres o cuatro décadas”, dijo la directora de programa de DPLF, Leonor Arteaga.
Por su parte, la presidenta del Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos, y Asesinados Políticos de El Salvador Óscar Arnulfo Romero (COMADRES), Madre Lucy, afirmó que para ellas no ha sido fácil exigir verdad y justicia todos los días desde el conflicto armado. Sin embargo, mencionó que no se rendirán. “Mientras no haya justicia, las víctimas vamos a seguir pidiendo justicia”, dijo.
Además, el integrante del Comité de Expresos y Presas Políticos de El Salvador (COPPES), Rafael Segura, describió las torturas que aguantó mientras estuvo detenido por fuerzas de seguridad pública durante la guerra. “Cuando lo cuento siento que por dentro revivo el sufrimiento. Estamos vivos para contarlo y por eso lo hacemos. Caminamos con dignidad contra la impunidad”, comentó Segura.
En la misma sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en 2016, la Sala de lo Constitucional ordenó al Estado que hiciera una Ley de Justicia Transicional para finalmente brindar verdad y justicia a las víctimas. En 2021, las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron a la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas una propuesta de Ley de Justicia Transicional trabajada y avalada en conjunto con las víctimas. Hasta la fecha, la propuesta no ha sido estudiada.
