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El máster en derechos humanos internacionales de la Universidad de Notre Dame y doctor en jurisprudencia, Juan Pablo Albán, conversó con VOCES sobre el rol del sistema de justicia y de la ciudadanía para frenar la impunidad de los crímenes del conflicto armado y el efecto de que estos no hayan sido condenados en el pasado.
Juan Pablo, a su consideración, ¿qué tan vital es el rol que tiene una Sala de lo Constitucional y el sistema de justicia judicial para la consecución de la justicia para las víctimas del conflicto armado?
Bueno, obviamente el rol de un poder judicial objetivo, independiente, es fundamental en todo proceso transicional. Sin embargo, como observaba yo durante mi presentación, no suele ser la regla que los poderes judiciales se involucren en estos procesos, suele ser la excepción.
Desafortunadamente el Estado que no tiene un poder judicial lo suficientemente autónomo, lo suficientemente independiente como para poder intervenir en defensa de los derechos de las víctimas, no puede decirse que realmente ha transicionado a la democracia. No es verdad que se ha producido una transición. Entonces, claro hay que tratar de fortalecer las instituciones de justicia en el sentido de dotarles de garantías suficientes, de independencia, de recursos necesarios para su trabajo, liberarles de las presiones políticas o de otros grupos de poder, que a veces son grupos de poder económico, a veces son grupos de poder mediático, pero eso en realidad es que se han consolidado porque precisamente la sociedad no se moviliza para reclamar sobre ellas.
Las probabilidades de hacer justicia dependen en buena medida de que el colectivo social no acepte la impunidad, y la pregunta es si aquí en El Salvador el ciudadano promedio se ha conformado con la impunidad, porque si ese es el caso, las posibilidades de hacer justicia son muy limitadas, no porque el Estado no tenga obligaciones, sino porque es absurdo, es iluso suponer que el Estado va a cumplir las obligaciones si no tiene la presión de su propio pueblo. No lo va a hacer.
Casi siempre las cortes constitucionales se han conformado por cuotas de poder, por cuotas partidarias. Ahora fue diferente, porque fue de un solo decreto que conformaron una nueva Sala de lo Constitucional. ¿Cuál sería para usted la situación ideal? ¿Cómo se conformaría un poder judicial ideal para esta precisa consecución de la justicia y la verdad de la víctima del conflicto armado?
Las altas cortes deben siempre estar integradas por personas de alta autoridad moral, que tengan un conocimiento muy vasto, que sean personas idóneas; idóneas desde el punto de vista del entendimiento de los problemas que enfrenta la sociedad, idóneas desde su conocimiento del derecho, etc. Y obviamente los procesos de designación deben ser procesos transparentes, que deben apartarse de la lógica del momento político y de los intereses de los operadores políticos, y más bien tienen que enfocarse en las cualidades de los candidatos, no en cuotas de poder. No solo pasa aquí, pasa en varios países del mundo y particularmente en nuestra región. Si los procesos son transparentes, si hay la posibilidad de que la ciudadanía intervenga, opine, señale a los malos candidatos, reconozca las virtudes de los buenos candidatos, seguramente las altas cortes van a tener mayor legitimidad en su actuar. Van a tener más credibilidad en lo que hacen.
Parece ser entonces que es la ciudadanía la que debe tener un rol protagónico en la consecución de la justicia. Usted mencionó que todos los crímenes de lesa humanidad no solamente afectan a las víctimas, sino que también afectan a la sociedad en general. ¿Podría ampliar un poco más sobre ese pensamiento?
Claro. Cuando ocurre un proceso violento, sea porque se ha dado un conflicto armado, sea porque hay un proceso represivo encabezado por un gobierno autoritario, y tenemos varios gobiernos autoritarios en la región en este momento, finalmente los afectados no son solamente aquellos que de manera directa sufren las consecuencias de una afectación de derechos humanos, son también el resto de ciudadanos que no tienen garantías para ser libres, para expresarse libremente, para asociarse libremente, para reunirse libremente, para acudir ante una autoridad judicial y que les resuelva un problema. Todos nos vemos perjudicados.
Cuando eso se entiende, entonces la movilización social se convierte en un límite para la impunidad, porque la sociedad no quiere mantener ese statu quo, no quiere perpetuar esos problemas. Si esa comprensión existe, efectivamente el poder se ve obligado a actuar de otra manera. Y yo lo que creo es que efectivamente los ciudadanos tienen un rol protagónico en promover la justicia.
Finalmente, quienes ostentan la función de administrar justicia tienen la última palabra. Ahí la importancia no es solamente de jueces con vocación, sino de jueces humildes. El que nos va a decir qué significa el derecho en una situación determinada, tiene que comprender la trascendencia de su pronunciamiento.
La sociedad tiene el rol de exigir justicia, de demandar justicia. Si solo demandan justicia los que fueron víctimas, es probable que el mensaje no sea escuchado. Entonces, sí, claro, la sociedad tiene que movilizarse. Yo insisto en eso.
Última pregunta. Hay un sinfín de crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el conflicto y ninguno de ellos ha pasado a la etapa en la que se emite una sentencia. Actualmente en el contexto salvadoreño han ocurrido distintas violaciones a los derechos humanos en este régimen de excepción que implementó el gobierno de Nayib Bukele. ¿Diría usted que al no resolver crímenes del pasado se vuelven a cometer en el presente?
Por supuesto. Una sociedad que no se mira en el espejo del pasado y procesa el trauma y responde a él, está condenada a repetirlo. Pero además las estructuras de perpetración se mantienen a través del tiempo.
Ejemplo: aprenden en la Escuela de las Américas en los 70s, los militares, ciertas técnicas de tortura que van a aplicar a los detenidos a los efectos de extraerles presuntamente información relevante. Y esas técnicas de tortura son luego enseñadas a otros oficiales que ya no van a la Escuela de las Américas, pero que en sus propios países reciben formación de los oficiales que sí se entrenaron en ese espacio y luego replican esas prácticas a los efectos de la investigación de actos de delincuencia común. Esas estructuras de perpetración se mantienen cuando no se enfrenta la realidad.
Si el Estado no castiga los crímenes del pasado, lo que va a ocurrir es que esas dinámicas van a repetirse a través del tiempo. El autoritarismo es la tendencia natural de los gobiernos. Si no es encarado, el autoritarismo se mantiene y surgen nuevas formas de autoritarismo, a veces más radicales.
