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Foto: David Ramírez

Víctimas del conflicto armado y defensores de derechos humanos cuestionan archivo de ley de justicia transicional

Ante la reciente decisión de los diputados de la nueva Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, en totalidad de la fracción de Nuevas Ideas, sobre archivar la propuesta de ley de justicia transicional, víctimas y defensores de derechos humanos han cuestionado y calificado este actuar como injusto y un retroceso.

“No es justo”, expresó Madre Lucy, presidenta del Comité de Madres y Familiares Detenidos, Desaparecidos y Asesinados, Monseñor Óscar Arnulfo Romero (COMADRES). Ella es una de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado que, junto a otras personas y organizaciones de derechos humanos, crearon dicha propuesta de ley.

Esta propuesta se entregó en octubre de 2021, cinco años después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derogó la polémica Ley de Amnistía con vigencia desde 1993. La resolución de la Sala también ordenó a la Asamblea crear una ley de justicia transicional, enfatizando que en el centro debían estar las víctimas.

Verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y la memoria histórica, son las deudas históricas que aún ahora continúan para las víctimas del conflicto armado, las cuales, esperaban que finalmente se solventaran con la aprobación de dicha ley, pero que, durante el último periodo de la extinta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ni siquiera se estudió, según aseguraron las víctimas.

“El mensaje que como víctimas percibimos de la Asamblea Legislativa es muy contradictorio a lo que prometieron para llegar al poder. En 2022 la Comisión de Justicia y Derechos Humano llamó a las víctimas directamente, hizo el llamado de que querían escucharnos sobre la situación, la emergencia y nuestra necesidad de trabajar en esa ley. La propuesta que se presentó en aquel momento, que dijeron que era importante y que lo tomarían en cuenta para legislar en una ley de justicia transicional para las víctimas, ahora vemos como la archivan y dicen que ya no tiene valides. Es una decepción total”, dijo la madre defensora de derechos humanos.

Para Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), esta propuesta significaba un esfuerzo de años, en los cuales se consultó plenamente con las víctimas. Ahora que está archivada, para Claros, significa un retroceso para las mismas.

“Aportamos en esa propuesta, estuvimos presentes y, ahora, eso está tirado. Se esperaba que esta ley pudiera otorgar beneficios y nuestros derechos ante los crímenes de lesa humanidad que sucedieron en el país, como la masacre del río Sumpul, El Mozote y otras”, señaló.

Por su parte, para David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal, que acompaña múltiples casos emblemáticos del conflicto armado, archivar la propuesta de ley deja un claro mensaje: “a los actuales legisladores de la bancada mayoritaria no le importa cumplir sus obligaciones de derechos humanos para con las víctimas que sufrieron las peores atrocidades durante el conflicto y que son sobrevivientes del terrorismo de Estado”, dijo.

A juicio de Morales, esta decisión también constituye un acto arbitrario, pues infringió la ley y el Reglamento Interno de la Asamblea, mismo que obliga a los diputados a dar trámite a este tipo de proyectos que ingresó por iniciativa de una diputada en ejercicio, explicó. 

“Tenían la obligación de recibir en audiencia a las víctimas y organizaciones peticionarias, que lo solicitaron por escrito varias veces. Es una obligación básica de atender los asuntos propios de la agenda comisiones, en este caso, de la antigua Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, evidentemente no hicieron su trabajo, no tuvieron ninguna voluntad de estudiar el proyecto y, ahora, en un acto arbitrario, lo han archivado”, mencionó.

Agregó que esto también se suma a otras acciones que muestran un “continuismo de protección” hacia criminales de guerra, ex altos mandos militares, mientras que las víctimas del conflicto continúan en el abandono.

Para Madre Lucy y Leonel Claros es imperativo que el Estado salvadoreño, en concreto la Asamblea Legislativa, priorice solventar esta deuda histórica, pues es su derecho, su exigencia y es urgente, pues son muchas víctimas que con el paso del tiempo mueren sin conocer la anhelada verdad y justicia.

“No nos queda más que seguir exigiendo, como siempre, a la Asamblea Legislativa a que asuman la responsabilidad de esta deuda histórica que tienen con nosotras las víctimas del conflicto armado. Como víctimas tenemos derecho a que se nos cumplan nuestras demandas y nuestra demanda es que se ponga en vigor una ley de justicia transicional”, manifestó Madre Lucy.

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Periodista de VOCES

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