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El IDHUCA denunció presunto encubrimiento, fraude procesal y manipulación de pruebas.
Hace 23 años, la niña de 9 años, Katya Natalia Miranda Jiménez, fue violada y asesinada mientras se encontraba en el rancho de playa en Los Ranchos, La Paz, propiedad de su abuelo paterno, Carlos Miranda. Hasta el momento, la justicia salvadoreña no ha sentenciado a nadie como culpable del crimen.
En enero del 2000, el padre de Katya, Edwin Miranda, su abuelo paterno, Carlos Miranda y dos vigilantes del rancho fueron arrestados. El padre fue capturado acusado por el delito de abandono y desamparo de menores, el abuelo paterno por violación en menor y homicidio agravado y los vigilantes por encubrimiento.
El día del asesinato, al menos 20 familiares de la familia Miranda se encontraban en el rancho. “Había gente con formación militar, policial y jurídica. El padre de la víctima, capitán de la Fuerza Armada de El Salvador, era jefe de Logística del Estado Mayor encargado de la seguridad del presidente de la República. Un tío de Katya Natalia, capitán retirado y alto oficial de la Policía Nacional Civil, era el segundo jefe de la División de Investigación Criminal de dicha institución. Otro tío que se encontraba en el lugar, también era capitán en activo”, establece un relato de los hechos publicado por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
La misma institución denunció que hubo posible fraude procesal y manipulación de pruebas. De acuerdo con el informe de admisión del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las autoridades no establecieron un perímetro alrededor del cuerpo de la niña que se encontraba en la playa. “No se efectuó un adecuado manejo del cadáver de la niña, permitiéndose que el mismo fuera movido del lugar donde fue encontrado y se permitió que los familiares presentes la noche del delito retiraran algunas prendas que fueron encontradas en la escena, entre otras”, expresó el informe.
También, mencionó que la jueza demostró parcialidad y la utilización de estereotipos de género, diciéndole a la madre que si se hubiera comportado como “madre responsable” los hechos no hubieran ocurrido. “La Corte Suprema de Justicia amonestó a la jueza de instrucción a cargo del primer proceso contra el abuelo paterno de Katya Natalia y otras tres personas por haber actuado con parcialidad a favor de los imputados y por haberle faltado el respeto a la madre de la niña”, manifestó el informe.
Este informe fue presentado el IDHUCA el 25 de octubre de 2007, teniendo como presuntas víctimas a Katya Miranda, su hermana, Gina Miranda y su madre Hilda Jiménez. Fue hasta el 21 de febrero del 2020 que la CIDH admitió el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
A pesar de que el abuelo fue uno de los principales sospechosos del caso, este murió en libertad en 2018, luego de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo absolutorio exonerándolo de cualquier delito relacionado al caso. Al 4 de abril de cada año se le conoce como el Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Sexual ejercida contra las niñas y niños de El Salvador en honor a Katya Miranda.
