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El 13 de julio de 2024 se cumplen ocho años desde que la Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía y ordenó a la Asamblea Legislativa elaborar y aprobar una ley de justicia transicional que tenga como enfoque principal dignificar a las víctimas del conflicto armado. Casi una década después, las personas sobrevivientes de la guerra aún no cuentan con esta ley que les brinde verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y memoria histórica.
Organizaciones como el Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero (CO-MADRES), que está por cumplir 49 años de existencia, han sido pilares fundamentales en esta lucha. Madre Lucy, presidenta de esta organización, enfatizó que hasta el momento no ha habido voluntad política por parte de ningún gobierno para dignificar a las víctimas. “Las madres no piden algo que no se merezcan, piden verdad y justicia por sus seres queridos, lo justo es que algún gobierno se tome la responsabilidad de este tema”, agregó.
Irene Gómez, abogada de Justicia Transicional de Cristosal, destacó que los avances en el tema de la reparación han sido resultado de la presión constante de los grupos de víctimas y sobrevivientes. Un ejemplo es el Decreto 204, que establecía un registro de personas afectadas por el conflicto armado y les proporcionaba cuotas indemnizatorias de 50 dólares mensuales para las víctimas y sobrevivientes mayores de 55 años y 15 dólares para las personas menores de esa edad.
Madre Lucy lamentó que este proceso solo se haya quedado en un decreto que al final cayó en una obligación de la cual cuesta que el gobierno se haga responsable. “Hasta hace poco la institución responsable se puso al día con las cuotas del 2023. Sin embargo, por el momento no hemos recibido nada de lo que va de 2024”, enfatizó.
“Es difícil para nosotras (CO-MADRES) recibir las llamadas de las madres preguntándonos si ya les hicieron el depósito y nosotras no tener una respuesta clara”, expresó Madre Lucy, ya que muchas víctimas dependen de estas ayudas para subsistir. La presidenta de CO-MADRES agregó que la exigencia de una ley de justicia transicional sigue vigente, para que, independientemente del gobierno de turno, las víctimas tengan garantizada la justicia y la reparación que tanto merecen.
El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que la Ley de Amnistía de 1993 era inconstitucional. Esta ley había otorgado amnistía a aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad entre 1980 y 1992, violando así las obligaciones internacionales del país de investigar y juzgar dichos crímenes.
