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También llamaron al gremio a unirse y defenderse de lo que consideraron “ataques” desde el Estado.
El colectivo de académicos del Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador rechazó las reformas legales hechas por la Asamblea Legislativa que penalizan hasta con 15 años de cárcel la difusión de mensajes relativos a las pandillas por considerar que atentan contra derechos ciudadanos, en el marco del ejercicio de las libertades de expresión y de prensa.
“Como formadores de generaciones de periodistas desde 1955, hacemos un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa a que dejen sin efecto las actuales reformas lesivas al ejercicio periodístico y no aprueben normas jurídicas que censuren dicha labor”, expresaron en un comunicado.
Los académicos también exigieron a los funcionarios “a no afectar a los periodistas en el ejercicio de su profesión, acusándolos de ser socios de los pandilleros, ni a ser agredidos, ni a obstruir la dimensión ética de su trabajo”.
Consideraron que las reformas “constituyen violaciones a la libertad de prensa, restringiendo el ejercicio ético del periodismo, asumido por ciudadanos profesionales de la comunicación periodística”.
Añadieron que el periodismo, a través de su método social, vigila el entorno, investiga y describe, con el fin de entregar una interpretación narrativa de la realidad social, aproximándose a las diversas versiones del acontecimiento, y comunica a los ciudadanos las posturas que le posibilitan formarse un criterio propio respecto a sus decisiones soberanas.
“Frente a la inseguridad ciudadana, consideramos que tales restricciones a la libertad de expresión y libertad de prensa, constituyen una mordaza que favorece una concentración excesiva de poder en la versión gubernamental más unidimensional de la verdad. Además, limita las posibilidades de contrastar con las diversas fuentes del círculo de la información, sean estas versiones gubernamentales, privadas o ciudadanas”, expresaron los académicos.
Al gremio de periodistas les pidieron unirse y defenderse “de los ataques contra el ejercicio pleno de la profesión perpetuado por el Estado y a regirse por las normas deontológicas de su profesión”.
También pidieron a la población “defender responsablemente su derecho a ser informados e informar por sus propios medios de difusión, como lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, desde 1985”.
