domingo , agosto 14 2022
Foto: Acción Ciudadana

Alertan sobre alto incumplimiento en presentación de declaraciones ante Probidad

Un total de 517 expedientes en poder de Probidad muestran posible “enriquecimiento ilícito”, más de la mitad de estos ya cumplieron el plazo de 10 años desde el cese de funciones del servidor público.

Por David Ramírez, periodista de VOCES


Acción Ciudadana aseguró que el país enfrenta “graves riesgos de corrupción” debido a la alta cantidad de funcionarios y empleados públicos que están obligados a presentar su declaración patrimonial ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSP) y en los últimos 7 años no lo han hecho.


En su más reciente informe, la organización civil indicó que las declaraciones pendientes desde 2014 hasta diciembre de 2021 suman 6,423; de esta cifra el 98% corresponde a servidores públicos del órgano Ejecutivo e instituciones autónomas, mientras que el 2% son del órgano Legislativo. No reportan el dato correspondiente al órgano Judicial.


La Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos en el artículo 5 obliga a presentar la declaración jurada del estado de su patrimonio a funcionarios y empleados públicos.


Acción Ciudadana reconoció la importancia de esta obligación como “medida de prevención y combate a la corrupción” y señaló que la Sección de Probidad posee un papel central para determinar indicios de enriquecimientos ilícitos de los servidores públicos.


“En el ámbito de cumplimiento de la obligación por parte de los funcionarios y empleados públicos de presentar su declaración de patrimonio, su no presentación representa graves riesgos de corrupción”, afirmó la agrupación.


Este hecho, dijeron, se evidencian en el alto nivel de incumplimiento de presentación de declaraciones, la limitada capacidad operativa de la Sección de Probidad, los notables retrasos en la verificación de declaraciones, y que las sanciones no representan un disuasivo para su rendición de cuentas, además de las dificultades para verificar enriquecimiento con criptoactivos.


“Acción Ciudadana coloca una bandera roja por los riesgos observados en la labor de verificación de las declaraciones juradas de patrimonio como mecanismo de prevención y combate de la corrupción”, reiteraron.


Por otra parte, señalaron que hasta diciembre del 2021 se han reportado un total de 517 expedientes activos en los que se sospecha “enriquecimiento ilícito” de los cuales más de la mitad ya cumplieron el plazo de 10 años desde el cese de funciones del servidor.

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