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La Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) reiteraron al Estado salvadoreño la exigencia de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición por la masacre de los periodistas holandeses Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen.
En el marco del Día del Periodista en El Salvador, qure se celebra cada año el 31 de octubre, emitieron un comunicado en el que explicaron que el equipo completo de IKON TV fue emboscado y asesinado por agentes militares salvadoreños el 17 de marzo de 1982, mientras ejercían su trabajo como periodistas.
“Son 40 años de impunidad y una deuda histórica con las familias de los profesionales y el pueblo de los Países Bajos, así como con la prensa salvadoreña y mundial, que también ve en este crimen de lesa humanidad un caso emblemático de violación al ejercicio libre del periodismo, un intento despiadado de callar la verdad”, dijeron.
Las dos organizaciones representan en El Salvador a los familiares de los periodistas en su exigencia de verdad y justicia, proceso que cuenta con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos para Centroamérica.
Los cuatro periodistas holandeses fueron emboscados y asesinados por una patrulla del Batallón Atonal de la Fuerza Armada en Santa Rita, Chalatenango. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que en 1993 publicó su informe sobre el conflicto en El Salvador, comprobó mediante testimonios y documentos que esta unidad militar atentó contra la vida de los periodistas holandeses por órdenes del coronel Mario Adalberto Reyes Mena, quien comandaba la 4ª Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso, Chalatenango.
En este marco, las organizaciones pideron al órgano Legislativo “que apruebe una ley de justicia transicional para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en la guerra, la cual permita conocer la verdad, hacer justicia, reparar y decretar medidas de no repetición de estos atroces hechos, de acuerdo a los estándares internacionales y teniendo en el centro a las víctimas, y no a los victimarios”.
Al Ejecutivo, “que ordene la apertura y entrega de los archivos militares concernientes al caso para contribuir al proceso penal que ventila el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, Chalatenango”.
Y a la Corte Suprema de Justicia exigieron que brinde “las garantías para que el proceso penal se desarrolle de manera transparente, oportunamente y sin presiones de los grupos oscuros de poder que siempre han estado en contra de que las víctimas tengan justicia”.
