VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
Entre mayo y junio de 1982, en varios puntos de Chalatenango, se ejecutó un operativo militar denominado “Operación Limpieza” o “la Guinda de Mayo” donde participaron alrededor de catorce mil efectivos militares, que tenían como misión arrasar con los poblados.
Dionisio Serrano, sus hijas Ernestina y Erlinda, de tres y siete años de edad respectivamente, Suyapa y Enrique, otro de sus hijos, con el objetivo de salvaguardar sus vidas decidieron huir de la zona en conflicto emprendiendo una caminata de tres días, donde tuvieron que sobre llevar diferentes dificultades como no contar con agua potable, ni comida para llegar hasta el caserío “Los Alvarenga”, en Chalatenango. Suyapa también cargaba a su hijo de seis meses de edad, por lo que decidió apartarse del grupo para no ponerlos en riesgo por el llanto de su bebé.
Debido a la pesada caminata, Dionisio, el padre, y su hijo Enrique fueron a buscar agua a una quebrada cercana a petición de Ernestina y Erlinda. Ellas no los acompañaron. Al quedarse solas comenzaron a llorar y fueron descubiertas presuntamente por una patrulla de militares. Ambas niñas fueron subidas a un helicóptero de la Fuerza Armada de El Salvador. Su familia no volvió a verlas.
Más de 40 años han transcurrido desde que las hermanas Serrano Cruz desaparecieron y desde que fueron separadas de sus familiares que aún las buscan. Por este caso, uno de muchos de niñez desaparecidas forzosamente durante el conflicto armado, el Estado salvadoreño fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Ha habido algunos acercamientos a la familia, se les han entrevistado, han sido de dos a tres veces que diferentes fiscales han entrevistado a los hermanos, principalmente a Suyapa, que es la que estaba más cerca en el momento en que las niñas desaparecieron. Y realmente no ha habido ningún avance. Esto al final también genera en la familia inconformidad, y de alguna manera también es una forma de revictimizarla”, comentó Ana Julia Escalante, directora de Pro-Búsqueda.
Escalante lamentó que ningún gobierno ha brindado un real interés en resarcir el daño a estas familias que fueron separadas. “En todos los periodos hemos visto el mismo patrón de no buscar la información donde se debe de buscar, de no tocar aquellas estructuras como la Fuerza Armada, de no tocar los archivos (militares) o la información que pueda existir en estas entidades que pudieran esclarecer los casos”, agregó.
Por otra parte, la Corte IDH estableció en la sentencia del caso que El Salvador debería crear un sistema de información genética o un “banco de ADN”. Anticipándose al desdén de las autoridades, la Asociación Pro-Búsqueda comenzó a crear su propia base de perfiles genéticos.
A la fecha, según aseguró la doctora en medicina y con especialidad en genética forense que apoya a Pro-Búsqueda, Patricia Vásquez, cuentan con alrededor de 1,300 perfiles genéticos de familiares de niñas y niños desaparecidos, y de jóvenes que buscan a sus familias. Ocho casos que posee la Asociación fueron resueltos usando estos perfiles como principal herramienta.
Hasta 2023, la Asociación Pro-Búsqueda registra un total de 1,046 casos de niñez desaparecida durante el conflicto armado, de los que 469 se resolvieron, 291 se reencontraron con su familia, 89 ya localizados, aunque pendientes del reencuentro; 89 localizados sin vida y 577 se continúa la investigación.
A pocos días de la conmemoración en El Salvado del Día de la Niñez Desaparecida (29 de marzo), Ana Julia Escalante reiteró que no solo las familias a las que le arrebataron sus seres queridos sufren, sino que las niñas y niños desaparecidos forzosamente y que fueron adoptados legales o ilegales, dentro o fuera del país, durante el conflicto armado también han pasado enfrentado diferentes procesos como crecer y tener un desarrollo digno junto a sus verdaderas familias, se les vulneró su identidad, otros, incluso, sufrieron maltratos.
Con edición de Morena Villalobos
