sábado , junio 25 2022

CIDH eleva caso Beatriz a CorteIDH

Foto tomada de EITB.

Encontró que El Salvador es responsable de distintas violaciones a diferentes derechos de Beatriz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró en su informe de fondo del caso Beatriz que el Estado salvadoreño es responsable de la violación del derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial, a la salud, a no respetar los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el deber de adoptar su legislación interna para que los derechos de la Convención se cumplan.

La CIDH mencionó en un comunicado de prensa que la interrupción absoluta del aborto en El Salvador puede llevar a que las mujeres recurran a abortos inseguros que pongan en peligro su integridad física y mental.

“La CIDH consideró que el resultado de este marco normativo y su impacto en las vías intentadas por Beatriz para acceder a la interrupción de su embarazo dio lugar a que este avanzara significativamente, representando un riesgo permanente que afectó desproporcionadamente sus derechos, constituyendo violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, vida privada y salud, tanto física como mental”, establecieron.

Además, que, si bien el derecho a la vida desde la concepción es legítimo, prohibir el aborto en situaciones de salud, como en el caso de Beatriz, no logra cumplir el requisito de idoneidad. “Específicamente, la CIDH consideró que si bien la protección de la vida desde la concepción constituye un fin legítimo, la criminalización de la interrupción del embarazo cuando existe incompatibilidad del feto con la vida extrauterina no logra satisfacer el requisito de idoneidad, pues la inviabilidad de la vida del feto rompe la relación de medio a fin entre la criminalización y la finalidad que persigue, dado que el interés protegido (la vida del feto), indefectiblemente no podrá materializarse”, argumentaron.

De acuerdo con el comunicado, la CIDH le recomendó al Estado realizar las siguientes reparaciones: “reparar integralmente las violaciones declaradas; adoptar medidas legislativas para establecer la posibilidad de la interrupción del embarazo en situaciones de inviabilidad o incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, así como de riesgo grave a la vida, a la salud e integridad personal de la madre; adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo el diseño de políticas públicas, programas de capacitación, protocolos y marcos guía para asegurar que el acceso a la interrupción del embarazo como consecuencia de la anterior adecuación legislativa, sea efectivo en la práctica, y que no se generen obstáculos de hecho o de derecho que afecten su implementación, en compatibilidad con los estándares de derecho internacional de derechos humanos aplicables. Asimismo, que, mientras dicha adecuación normativa tiene lugar”, establecieron.

Aunado a la conclusión de la CIDH sobre el caso, el ente también optó por elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), donde el Tribunal estudiará el caso y determinará si el Estado salvadoreño es culpable de violar derechos de Beatriz. Las resoluciones de la CorteIDH son inapelables y obligatorias de acuerdo con la Convención.

Beatriz fue una mujer que estuvo embarazada mientras sufría de Lupus Eritematoso Sistémico con nefropatía lúpica y artritis reuma­toidea. Ella pidió al Estado realizarse un aborto terapéutico, ya que su feto no sobreviviría fuera de su cuerpo, tal como lo estableció el Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad. Su petición fue denegada, pero la CorteIDH emitió una medida cautelar que le otorgaba la posibilidad de realizarse un aborto.

Caso Manuela

En diciembre de 2021, la CorteIDH decretó que el Estado de El Salvador fue culpable de violar la libertad personal, las garantías judiciales, igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, y a la salud de Manuela.

Manuela fue una mujer que estuvo embarazada y fue encarcelada porque las autoridades establecieron que se había practicado un aborto voluntario donde su feto no sobrevivió. Sin embargo, la CorteIDH aclaró que Manuela tuvo una fuerte caída en su casa que resultó en un aborto espontáneo. Mientras libró el proceso judicial y su posterior encarcelación, sufrió de cáncer en el sistema linfático que no se trató adecuadamente por su condición de privada de libertad. Ella murió debido al cáncer en 2010.

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Jefe de prensa.

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