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La escalada de protestas en Panamá y los intentos de control ejercidos por el gobierno han puesto en alerta al mecanismo interamericano de protección de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en un comunicado desde Washington, recordaron al Estado de Panamá “que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y para la defensa de los derechos humanos”.
La CIDH dijo estar siguiendo de cerca el desarrollo de las manifestaciones, y exhortó al Estado panameño a “continuar preservando el derecho a la protesta pacífica y a mantener el proceso de diálogo inclusivo y efectivo para atender a los reclamos legítimos de la ciudadanía”.
Agregó que es importante “asegurar la coexistencia de todos los derechos humanos en tensión en contextos de conflictividad social, teniendo el uso de la fuerza pública como último recurso para garantizar la paz social”.
El pasado 22 de julio, el Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, integrado por seis organizaciones sociales, entre ellas FESPAD, de El Salvador, también pidió al Estado de Panamá respetar los derechos humanos y brindar soluciones sostenibles para las grandes mayorías.
Su cuenta de Twitter publicó, el 25 de julio, videos con los que denunciaron represión policial contra población manifestante en el puente de Pacora, sobre la carretera Panaméricana.
Panamá vive desde principios de julio una inusual tensión social con paros y manifestaciones en todo el país debido a las alzas en los precios de alimentos y combustibles, a lo que se han sumado otros descontentos sociales vinculados con los derechos de los pueblos indígenas, la transparencia en la gestión pública, las políticas en materia de educación, la desigualdad económica en Panamá, entre otros.
