jueves , agosto 11 2022
Foto: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto en El Salvador.

CIDH rechaza condenas impuestas a dos salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas

Por David Ramírez, periodista de VOCES


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su rechazo absoluto por las altas penas de cárcel impuestas a dos mujeres salvadoreñas, quienes en el marco de sufrir una emergencia obstétrica fueron criminalizadas.


“CIDH expresa absoluto rechazo por las condenas a ‘Esme’ y ‘Leslie’ por 30 y 50 años de prisión, por homicidio agravado tras sufrir emergencias obstétricas”, así se pronunció el organismo a través de un tuit.


La postura de El Salvador frente al aborto es la criminalización absoluta. Las mujeres que mayoritariamente atraviesan esta situación viven en condiciones de pobreza y exclusión social. Tras sufrir emergencias obstétricas son acusadas y procesadas judicialmente bajo el delito de “homicidio agravado”.


La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador ha sido quien acompaña judicialmente a muchos de las mujeres criminalizadas. El más reciente caso fue el de Lesly Lisbeth Ramírez, quien el 4 de julio recibió por primera vez en la historia salvadoreña la pena máxima de cárcel bajo el delito de homicidio agravado.


Según la organización, Lesly sufrió una emergencia obstétrica el 17 de junio de 2020 con 19 años y únicamente con séptimo grado de educación. “Sintió deseos de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto. Fue en la letrina y en ese momento tuvo un parto precipitado expulsando la criatura en gestación”, explicaron.


Sin embargo, la FGR sostiene que Lesly le ocasionó a su bebé “seis heridas en el cuello, utilizando un cuchillo”.


Asimismo, ante el caso de Esme-a quien la agrupación defiende por haber sido condenada “injustamente” el 9 de mayo en 2022- el organismo sostuvo que fue criminalizada con 30 años de cárcel tras sufrir una emergencia durante el embarazo, lo que provocó un aborto espontaneo.


La CIDH recordó al Estado salvadoreño la obligación de garantizar a las mujeres a “juicios justos, libres de estereotipos de género y apegados al debido proceso”. De igual manera, urgió al Estado a poner fin a la criminalización absoluta del aborto.

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