martes , diciembre 6 2022

Compras exprés en régimen de excepción vulneran la Constitución, afirma Cristosal

Abogados de la organización Cristosal presentaron ante la Sala de lo Constitucional una demanda contra la ley que evade los controles ordinarios de compras, aprobada en el marco del régimen de excepción.

La jefa jurídica de anticorrupción y justicia, Ruth López, explicó que esta ley aprobada en la Asamblea Legislativa a finales de abril pasado “modifica el sistema de compras publicas”. Esto “implica que se vulnera la Constitución porque la licitacion deja de ser el mecanismo ordinario -que establece la Constitución- para que se generen los proceso de compra”, argumentó.

Dijo que también se vulneran la transparencia, los principios de rendición de cuentas y se atenta contra la eficiencia del gasto en el sector público.

Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que permite compras estatales evadiendo los controles ordinarios en el marco del régimen de excepción.

En un comunicado, Cristosal explicó que en la práctica esta ley “facilita procesos de compra fraudulentos que favorecen la corrupción durante la suspensión de derechos”.

“Este régimen distorsiona el sistema de contratación pública establecido por la Constitución en el uso de poderes de emergencia, violenta los principios y valores de no discriminación, publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia, imparcialidad, probidad, centralización normativa y descentralización operativa, que deben regir las compras con fondos públicos para la optimización de estos y la buena gestión administrativa”, detalló la organización.

El Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado, en el marco de la declaratoria del régimen de excepción, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 24 de abril pasado, y se reformó el 25 de mayo para incluir a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Esta ley permite que se gobierne por decreto, porque el Legislativo le concedió a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) −una dependencia del Ministerio de Hacienda− la facultad de aprobar la normativa que el Ejecutivo aplicará en los procesos de adquisiciones y contrataciones. Es decir, el Ejecutivo será la autoridad que aprobará la normativa que luego aplicará”, explicó Cristosal.

También criticó que la ley vigente permite al Ejecutivo “adquirir bienes y servicios sin realizar procesos de licitación pública, argumentando que dichas contrataciones o adquisiciones servirán para cumplir los objetivos del régimen de excepción”.

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