sábado , enero 28 2023
Foto: Cristosal

Cristosal reporta al menos 80 muertes bajo tutela del Estado en régimen de excepción


La organización defensora de derechos humanos Cristosal reportó que al menos 80 personas han muerto bajo tutela del Estado en el marco del régimen de excepción, en su mayoría con signos de violencia.


“Al morir al interior de los centros penales, en el traslado hacia las ambulancias o en los hospitales, todas estas muertes deben ser explicadas y hay una responsabilidad directa de la Dirección General de Centros Penales, el ministro de justicia, el mismo fiscal por no investigar y el Presidente de la Republica“, aseveró en conferencia de prensa Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de derecho y seguridad de Cristosal.

Sin embargo, expresó que el Estado salvadoreño no han asumido la responsabilidad de investigar y esclarecer estos hechos.


La organización presentó su cuarto informe situacional que documenta violaciones a derechos humanos en el marco de la medida. Los datos de las denuncias recibidas indican que cerca de 3 mil personas han sido afectadas directamente. Los efectos son más profundos en comunidades empobrecidas, así como en mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.


“La población salvadoreña acumula más de 200 días sin garantías de procesos judiciales imparciales, transparentes y justos”, debido a las siete prórrogas consecutivas que ha autorizado la Asamblea Legislativa a la medida aprobada, a petición del Ejecutivo, el pasado 27 de marzo, indicó la organización en un comunicado.


Explicó, respecto a las muertes y otros casos relacionados a posibles torturas, que tanto la Constitución, como tratados internacionales ratificados por El Salvador, “no habilitan a dichas autoridades para que puedan valerse de cualquier medio para alcanzar sus objetivos, si estos medios conllevan graves violaciones a los derechos de las personas sometidas al poder Estatal, y es que ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la vida, la integridad y la dignidad humana”.


“La erradicación de las actuales prácticas de violación de los derechos humanos en El Salvador requiere que se derogue o no se prorrogue más el citado régimen; pero también requiere del restablecimiento del Estado de derecho, así como la investigación y procesamiento de los funcionarios que han llevado adelante estos atropellos y de quienes les han garantizado impunidad”, exigió Cristosal.

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Periodista de VOCES

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