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“Las víctimas lo han pedido”, aseveró Juan Carlos Sánchez, Oficial de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y defensor de derechos humanos durante la entrevista matutina de la radio YSUCA.
El defensor de derechos humanos se refirió a la lucha y esfuerzo que víctimas del conflicto armado, junto a organizaciones de sociedad civil, han abanderado durante años respecto de la aprobación de una ley de justicia transicional que garantice la verdad, la justicia, la reparación, garantías de no repetición y la preservación de la memoria histórica.
“Todas esas graves violaciones a derechos humanos, esos delitos contra la humanidad, crímenes de guerra en donde la población civil sufrió tortura, persecución, desaparición, todos esos acontecimientos todavía están en la impunidad”, lamentó Sánchez.
La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, junto a la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica y el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado, presentaron recientemente ante la Asamblea Legislativa un tercer anteproyecto de ley de justicia transicional, esto meses después que diputados de Nuevas Ideas archivaran el último anteproyecto sin estudiarlo, presentado por las mismas víctimas, alegando su pérdida de vigencia.
“Es un problema de voluntad política”, lamentó, tras enfatizar que ni las administraciones de los partidos políticos ARENA, FMLN, ni la actual liderada por el presidente Nayib Armando Bukele han escuchado el clamor de las víctimas del conflicto armado.
“Es una obligación constitucional, es un mandato del máximo tribunal constitucional, es una orden que se ha emitido en tribunales internacionales. Me parece que los diputados y diputadas de los diferentes partidos políticos no han estado a la altura de la exigencia. Esas heridas siguen abiertas porque cuántas familias siguen esperando a sus padres, hermanos, hijos, tíos, abuelos, que fueron desparecidos, cuántas personas fueron torturadas y no han tenido la reparación, ni emocional ni física, cuántas personas fueron capturas injustamente y privadas de su libertad”, cuestionó.
El tercer anteproyecto de ley de justicia transicional, con novedosos elementos como la adhesión del enfoque de género y la delimitación de aplicación de dicho instrumento (desde 1970 a1992), fue presentado el pasado 29 de octubre de 2024. La propuesta también plantea la creación una unidad de la Procuraduría General de la República (PGR) que ayude a víctimas en las diligencias de documentación que no pudieron obtener como partidas de nacimiento, de defunción, ente otras, de forma gratuita.
