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A escasos días de que se cumpla un año de la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua exigió al Estado salvadoreño no continuar brindando autorizaciones del uso del agua en cuencas sin conocer sus condiciones actuales y sin concretar y formular reglamentos que en ley se establecieron.
“No es lógico, ni responsable, empezar a dar permisos del que sea sin conocer cuál es el estado actual de las cuencas o sin establecer, en este caso, caudales ambientales mínimos”, dijo Amelia López, representante de la alianza.
Sostuvo que, desde el mes de octubre, sin solventar algunos aspectos de esta ley, la Autoridad Salvadoreña del Agua (instancia rectora y normativa en materia de política de los recursos hídricos) inició a brindar autorizaciones del uso del agua.
En la Ley de Recursos Hídricos, aprobada en diciembre del 2021 por la Asamblea Legislativa, se establecieron diferentes directrices que, a juicio de esta alianza, no se han concretizado hasta la fecha y otros elementos sí han avanzado, pero “no gozan de la legalidad básica”.
Entre los aspectos que preocupan a esta alianza señalaron que la Junta Directiva que velaría los aspectos de esta ley aún no se ha conformado y aun así fue nombrado un presidente de la Junta; la falta de reglamentos y formulación o actualización de la Política Hídrica Nacional, un Inventario Hídrico Nacional y establecimientos de los caudales mínimos.
López explicó que estos instrumentos han sido utilizados previamente por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Sin embargo, las ultimas actualización son del 2012.
La Alianza pidió al Estado salvadoreño cumplir con todos estos aspectos de la ley para la protección, conservación y defensa del agua y del medio ambiente y, además, que se garantice la participación ciudadana en la gestión de las cuencas hídricas.
