viernes , julio 12 2024

“Dicen que hay tortura en los centros penales y es imposible”, asegura Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, pese a denuncias y testimonios


El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, negó la posibilidad de torturas dentro de centros penales y aseguró que las autoridades policiales y militares están cumpliendo con lo que mandata la Constitución de la República, que es velar por proteger la vida de los salvadoreños.


“Dicen que hay tortura en los centros penales y es imposible. Si nosotros fuéramos lo que ellos dicen, entonces para qué estamos haciendo uso de la Constitución de la República. Hay un equipo que está haciendo investigaciones. Si encontramos un caso de un uso excesivo de la fuerza por parte de los servidores públicos los vamos a presentar”, afirmó el funcionario.


Organizaciones en pro de la defensa de los derechos humanos como Cristosal han realizado investigaciones que revelan que dentro del régimen de excepción han fallecido de forma violenta más de 153 personas.


“Las muertes ocurridas bajo custodia del Estado fueron el resultado de torturas y lesiones graves y sistemáticas infligidas a las personas detenidas. Fotografías y el propio Instituto de Medicina Legal documentaron signos de asfixia, fracturas, numerosos hematomas, laceraciones e incluso perforaciones en los cadáveres. Casi la mitad de las personas fallecidas en centros penitenciarios fueron víctimas de muertes violentas confirmadas, posibles o sospechosas”, señaló el informe presentado por Cristosal.


El Socorro Jurídico Humanitario (SJH), organización que se conformó en el contexto del régimen de excepción para brindar asesoría legal y psicológica a personas que fueron capturadas y a sus familias, han recopilado datos de muertes dentro de centros penales. El SJH ha afirmado que existen registros de fallecimientos por muerte violenta, negligencia médica y falta de alimentación.


El régimen de excepción entró en vigencia en marzo de 2022 en el país, y hasta el momento, se ha prorrogado 18 veces. En todo este tiempo, las autoridades (policías y militares) han realizado más de 73 mil capturas. De estas, 7,000 han sido liberadas al demostrar que no tienen vínculos con estructuras criminales.

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