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El régimen de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, despojó vía una orden judicial de la nacionalidad nicaragüense a 94 personas más, a quienes se les acusó de traidores y se les confiscó propiedades y otros activos.
Entre los afectados están los escritores Gioconda Belli, Sergio Ramírez; los periodistas Patricia Orozco, Carlos Fernando Chamorro y Wilfredo Miranda Aburto, el diplomático y exembajador ante la OEA, Arturo McFields, así como religiosos y defensores de derechos humanos.
Estas 94 personas -que quedan en condición de apátridas- se suman a los 222 presos políticos que la semana pasada de manera sorpresiva fueron desterrados a Estados Unidos y a quienes también se les retiró la nacionalidad, así como sus derechos civiles y políticos de manera perpetua.
En una declaración el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, ordenó que “por ser traidores a la patria” a las 94 personas se les despoja de la nacionalidad, sus derechos políticos y civiles, se les confisca sus bienes y se les declara prófugos de la justicia.
En reacción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió la “decisión de #Nicaragua de privar arbitrariamente de nacionalidad a la defensora Doña Vilma Núñez de Escorcia junto con otras 93 personas por defender derechos humanos”.
“Urge a proteger su vida e integridad de conformidad con las medidas provisionales otorgadas por Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, publicó en Twitter la CIDH, al considerar que “la nacionalidad constituye un derecho inderogable, y la privación arbitraria de la misma, especialmente como pena o sanción por motivos políticos, resulta contraria al derecho internacional de los derechos humanos”.
“Ya no podrán quitarme ningún bien, lo hicieron en 2021, me despojaron de una casa donde yo tenía 36 años de vivir, y a mi hija la hicieron firmar un documento como si la entrega había sido voluntaria”, dijo en un video publicado en las redes sociales de Radio Vos la periodista Patricia Orozco.
Pidió que el Tribunal de Apelaciones de Managua sea sancionado por estar violando la Constitución, pues esta establece que “ningún nacional puede ser despojado de su nacionalidad”.
