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Desde 2018, al menos 2,375 organizaciones sin fines de lucros han sido canceladas arbitraria e ilegalmente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estos cierres y confiscaciones responden a la política de la dictadura de acallar toda voz desde la sociedad civil, especialmente los defensores de los derechos humanos.
La dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua ha afectado a más de un millón de su población con el cierre arbitrario de organizaciones sociales, quienes administraban infinidad de proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria, según publicó el medio Confidencial.
Una investigación del Diálogo Interamericano, basado en una muestra de 53 organizaciones de mil seleccionadas, reveló que estas al momento de su cierre ejecutaban proyectos por 41 millones de dólares, reseñó el diario digital.
“La mayoría de estas organizaciones tenían proyectos vinculados al desarrollo comunitario, infraestructura social, proyectos de acceso al agua potable, participación ciudadana; es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de comunitario de las zonas rurales donde atendían estas organizaciones”, señaló el defensor de derechos humanos, Amaru Ruíz, quien participó como consultor en la investigación y es presidente de Fundación del Río, organización cancelada y confiscada por el régimen.
La investigación indicó que las pérdidas tras los cierres de las oenegés podrían superar los 200 millones de dólares al año. Esto ligado también a las pérdidas de alrededor de 2000 empleos formales que gestionaban.
El estado de Nicaragua vive una administración dictatorial que cancela masivamente organizaciones sociales por supuestamente incumplir con sus registros ante el Ministerio de Gobernación, y en otros casos, acusados de no registrarse como agentes extranjeros.
“El propósito de estas cancelaciones es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense”, aseveró el Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nuca +” en un comunicado publicado en Twitter.
El 12 de octubre, esta organización denunció la última masiva cancelación de personería jurídicas. Fueron 100 oenegés canceladas, 51 internacionales y 49 nacionales, anunciadas ese día en La Gaceta oficial.
“Denunciamos que las organizaciones no solo han sido canceladas, sino también despojadas de sus edificios (a través de confiscaciones ilegales) y sus trabajadores perseguidos, hostigando, obligando a salir del país y hasta desterrados”, enfatizó el colectivo.
