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En el marco del régimen de excepción, VOCES realizó un sondeo a jóvenes que residen en el Área Metropolitana de San Salvador. Los resultados apuntan a que existe temor hacia los agentes de seguridad pública debido a las detenciones arbitrarias causadas por los estigmas sociales hacia la población joven. Expertos en derecho y sociología analizaron los resultados.
Por Kattia Merlos y Diana Rivas
Los hallazgos de la encuesta, respondida por medio centenar de personas entre 12 y 29 años, evidencian el temor hacia posibles abusos de poder o detenciones arbitrarias por parte de los agentes de seguridad, así como la estigmatización que tiene raíz en la apariencia o la manera en que está catalogado el lugar de residencia.
Más de la mitad, el 52.3%, manifestó que se siente vulnerable frente a elementos policiales por vivir en zonas consideradas como “rojas”, el 25% consideró su forma de vestir como una de las razones de sentirse de esta manera y el 11.4% mencionó los tatuajes y piercing como otra de las razones para sentir miedo de ser detenido arbitrariamente.
Los hallazgos de la encuesta coinciden, en primera instancia, con uno de los perfiles de personas que han sido detenidas durante el régimen de excepción: viven en zonas rojas, se visten de cierta manera y tienen tatuajes, según ha divulgado Cristosal, una de las cinco organizaciones salvadoreñas que han recibido y procesado denuncias de personas que han sufrido abusos de poder.
Los jóvenes encuestados identifican este perfil. “A veces por un arete o un tatuaje ya pueden (decir) que uno anda en malos pasos y comienzan con la discriminación”, mencionó una de las personas encuestadas. “Por vivir en una zona marginal, piensan que todos son delincuentes”, dijo otra.
Si no lo viven ellos mismos, lo ven: “He visto por la calle cómo paran a los jóvenes para cachearlos, pedirles los documentos y a veces hasta revisar si tienen tatuajes”, dijo otra persona.
Uno más de los encuestados aludió directamente al concepto de “perfil” para explicar que no se había sentido en condición de vulnerabilidad frente a los cuerpos de seguridad. “No muestro un perfil en el cual les haga sospechar”, manifestó.
La abogada de Cristosal, Ruth López, reafirmó que la organización ha identificado un perfil de personas a las que se les ha detenido con más frecuencia durante el régimen de excepción. Estas viven en zonas de escasos recursos, tienen tatuajes, pertenecen al grupo etario de 18 a los 30 años de edad y se visten de una manera determinada.
Desde la aprobación del régimen de excepción el pasado 27 de marzo y las posteriores prórrogas para ampliarlo, Cristosal registró -hasta el 25 de mayo- 798 personas que denunciaron abusos de poder, un 97.1% fueron detenciones arbitrarias. En conjunto las cinco organizaciones que han recibido denuncias afirman que han procesado más de 1200 casos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) define que una detención arbitraria ocurre cuando es “evidentemente imposible invocar base legal alguna que justifique la privación de libertad”. Es decir, cuando una persona es retenida sin su consentimiento bajo razones que no tienen fundamento legal.
Esta situación ocurre cuando las fuerzas de seguridad pública no utilizan criterios establecidos en la ley para realizar las detenciones administrativas.
Una característica particular de las detenciones que ha identificado Cristosal es que son ejecutadas en las mismas casas de las personas detenidas.
Así fue el caso de “Manuel”, de 23 años, quien reside en el municipio de Soyapango, San Salvador. Él tiene su propio negocio de venta de accesorios para automóviles y entregas a domicilio. A finales del mes de marzo, en los primeros días del régimen de excepción, se encontraba en su casa con sus hijos y su cuñada. Ese día no había ido a trabajar. La policía andaba haciendo un operativo en la zona y entraron a su casa para hacerle algunas preguntas. Posteriormente, le dijeron -cañón en mano- que saliera de su casa.
“Me preguntaron si era miembro de estructuras criminales -a lo que respondió que no- e igual nunca he estado en bartolinas o en centros penales, gracias a Dios”, relató Manuel.
Manuel les enseñó a los agentes de seguridad los tatuajes de valor sentimental que tiene. “Son los nombres de mi esposa, de mi hijo y de mi mamá”, comentó. Los agentes le exigieron que saliera de su casa, le obligaron a que se quitara la ropa en el pasaje, mientras le apuntaban con un arma frente a sus hijos. “Me sacaron al pasaje. Había mucha gente. Es algo incómodo para uno”, lamentó.
Detalló que no lo pudieron golpear porque un reportero de La Prensa Gráfica se encontraba en la zona y estuvo presente durante la requisa. “Un periodista les dijo que no podían hacer eso porque estaban violando mis derechos, pero el policía dijo que por el momento nadie tenía derechos”, añadió Manuel.
De acuerdo con Roberto López, docente e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana (UCA), criminalizar a la juventud solo por el hecho de ser joven y de vivir en una zona marcada por la pobreza y la marginalidad es un “tipo de estigmatización”, que se ha impuesto a un determinado sector de la población.
“En este caso el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública transmite a la Policía Nacional Civil (PNC) o al ejército un perfil del delincuente y le ordena detener a una persona con un conjunto de características”, explicó.
A su juicio, las capturas realizadas a este grupo de la población han sido de forma arbitraria y deshumanizantes, porque se niega el derecho de defensa y se comprueba su inocencia hasta luego de la captura. “Se les niegan sus derechos humanos, porque se les niega la posibilidad de decir cuáles son sus intenciones, sus necesidades, miedos, aspiraciones. Con esto también se le niega su condición humana, se convierte en una categoría que es muy fácil de rechazar. Me olvido que estoy frente a un ser humano”, dijo.
López señaló que uno de los principales problemas que se ha observado desde la aprobación del régimen de excepción es que se está deteniendo a gente joven, cuando su error es vivir donde viven. “El sistema primero detiene y después demuestra que deben ser detenidos, pero ya violó sus derechos humanos”, afirmó el sociólogo.
El caso de “Mario” es similar al de Manuel. Él tiene 24 años. Vive en el municipio de Soyapango y trabaja en una tienda que pertenece a su familia ubicada en la misma zona, donde también trabaja su hermano.
En la primera semana de mayo, como a las 10 de la noche, una unidad se encontraba patrullando la zona y habían capturado a un miembro de una pandilla. Esta persona se les escapó y corrió en dirección a donde se encuentra la tienda que pertenece a la familia de Mario.
Soldados de la Fuerza Armada le llegaron a golpear la puerta y le querían quebrar la ventana. Le ordenaron a Mario que saliera. Minutos antes otros elementos habían interceptado a su hermano, quien ya se dirigía a la casa donde residen y a dos de sus primos que venían de jugar fútbol. A todos se les estaba acusando de colaboradores de pandillas. Los soldados pensaban que estaban ocultando a quien se les había escapado. Mario negó estas acusaciones.
Los pusieron de rodillas y los golpearon, pero luego de un rato finalmente los liberaron. “Gracias a Dios no pasó a más. Había otro operativo en la misma zona y yo creo que por eso no nos llevaron”, comentó Mario.
Así como el de Mario y Manuel existen distintos casos documentados en el país donde las autoridades han cometido abuso del poder brindado por el Estado para detener a jóvenes salvadoreños. En redes sociales se viralizan casos de personas no ligadas a pandillas, que han sido capturadas. Incluso, existen reportes y denuncias de la muerte de jóvenes al interior de centros penales. Las organizaciones sostienen que al menos 26 personas han fallecido mientras se encontraban en custodia de agentes del Estado.
Cristosal y Human Rights Watch (HRW) emitieron un informe en conjunto el 2 de mayo donde afirmaron que constataron dos casos de jóvenes capturados que murieron bajo custodia. Uno de ellos era un músico que se dirigía a jugar fútbol. El otro joven era un trabajador agrícola.
En la encuesta, el 51.7% de las personas mencionaron que han cambiado sus hábitos desde que se aprobó el régimen de excepción. Una de las razones por las que han cambiado sus costumbres se relaciona con el perfil mencionado anteriormente. “He dejado de salir de noche y, quizá, dejar de usar algunas prendas de vestir”, dijo una persona encuestada
“Mi forma de vestir y las salidas nocturnas”, dijo otra persona al referirse a estos cambios.
Los encuestados también están conscientes que su forma de vestir puede ser un estigma para ser registrado o capturado por las fuerzas de seguridad.
Ruth López confirmó porqué las personas jóvenes están teniendo más cuidado de salir en la noche. “Las capturas se producen a cualquier hora, pero especialmente en horas de la noche”, explicó.
Por su parte, la abogada e investigadora de Cristosal, Rina Montti, expuso que esta es una medida que se ha identificado en los jóvenes para evitar ser detenido o capturado por los cuerpos de seguridad.
“Hemos conocido casos de comunidades enteras que después de las 6:00 de la tarde nadie sale. Esto es un auto toque de queda y esto lo están haciendo sobre todo las personas jóvenes para evitar llamar la atención y que los policías los puedan ver y asociarlos a que pertenecen a una pandilla”, recalcó.
Las razones anteriores ayudan a entender por qué el 46.6% de los jóvenes encuestados respondieron que no se sienten más seguros desde que se aprobó el régimen de excepción.
“Porque hay detenciones arbitrarias, principalmente en jóvenes. Puede ser que los miembros de seguridad no me hagan nada, pero puede que sí, es algo indefinido”, dijo una persona. Otra hizo referencia al estigma que las personas sufren cuando viven en zonas rojas. “Quizá por la misma estigmatización que hay por parte de militares y policías hacia habitantes de una zona conflictiva”, explicó.
Sobre el régimen de excepción el 74% de los encuestados dijo estar en contra de su prolongación. Se preguntó las razones, entre las cuáles destacan: “porque han detenido mucha gente que no tiene nada que ver con pandillas” y “porque sé que han ocurrido violaciones a derechos humanos a raíz de la suspensión de las garantías constitucionales”.
“Hoy no solo hay que cuidarse de las pandillas; también de los soldados y policías que actúan arbitrariamente”, expresó una de las personas encuestadas.
