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“Los Estados Parte en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte (IDH) en todo caso en que sean partes”, dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José.
El Salvador, como uno de los Estados adheridos a este marco desde 1978, también está comprometido a llevar a cabo todas aquellas reparaciones dictadas en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) donde haya sido encontrado como culpable de violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, datos del mismo tribunal interamericano ponen en entredicho el compromiso por cumplir las reparaciones plasmadas en las sentencias condenatorias: el Estado salvadoreño continúa sin cumplir múltiples reparaciones en siete sentencias internacionales hasta el cierre de 2023, según el informe anual del organismo. En 2024, el máximo Tribunal interamericano notificó las sentencias condenatorias de dos nuevos casos: Cuéllar Sandoval y otros Vs. El Salvador, y Aguirre Magaña Vs. El Salvador. Hasta la fecha, la Corte IDH he emitido un total de 10 sentencias a El Salvador.
La Corte IDH también está pendiente de notificar la resolución del caso de Beatriz y otros, una mujer salvadoreña a la cual se le fue negado un procedimiento de interrupción del embarazo aun cuando este fue recomendación médica.
Entre estas sentencias pendientes de cumplir reparaciones al cierre de 2023, se encuentran las de casos como Masacre de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, perpetrado durante el conflicto armado por el ejército salvadoreño; el de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador; Contreras y otros Vs. El Salvador; Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador, relacionados a niñez desaparecida forzosamente durante el conflicto armado; así como el caso de Manuela y otros Vs. El Salvador, en el que una mujer que fue criminalizada tras sufrir una emergencia obstétrica.
La mayoría de estos casos poseen algo en común: las reparaciones y acciones más importantes para evitar la repetición de las diferentes violaciones a derechos humanos en estos casos son las que están pendientes de cumplir, según afirmaron diferentes personas defensoras de derechos humanos que participaron en estos litigios internacionales consultadas por VOCES.
Niñez desaparecida
La sentencia más antigua, y aún pendiente de reparaciones, data desde 2005. Se trata de la desaparición forzada de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de 7 y 3 años, perpetrada por militares integrantes del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl de la Fuerza Armada salvadoreña.
La Asociación Pro-Búsqueda fue una de las organizaciones litigantes de este caso en el escenario internacional. De acuerdo con Marisela Toche, del área jurídica de la Asociación Pro-Búsqueda, este caso no se ha judicializado a nivel nacional, es decir, las medidas de investigación efectiva de los hechos, la identificación y sanción de los responsables, así como la determinación del paradero de ambas niñas (ahora adultas que crecieron sin sus familias), no ha sido cumplida. Tampoco se ha cumplido con la creación de un sistema de información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de la procedencia de la niñez desaparecidos y sus familiares y su identificación.
En un comunicado publicado el 22 de marzo de 2024 por Pro-Búsqueda en conmemoración de la niñez desaparecida durante el conflicto armado, la organización aseveró que, si bien en 2021 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley del Banco de Datos Genéticos, este todavía no se encuentra en funcionamiento, no tiene reglamento y no se conocen detalles específicos de ello.
Un segundo caso de niñez desaparecida forzosamente por el que ya ha sido condenado el Estado salvadoreño es el de Contreras y otros, en el que, entre 1981 y 1983, miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) sustrajeron y retuvieron a Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía Ramírez, Gregoria Herminia Contreras, Julia Inés Contreras, Serapio Cristian Contreras y José Rubén Rivera. Se han encontrado únicamente el paradero de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y José Rubén. El paradero de Ana Julia, Carmelina Mejía y Julia Inés aún es desconocido.
El tercer caso de este tipo de grave violación a derechos humanos trata de cinco niños desaparecidos: José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Emelinda Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala, desaparecidos entre 1981 y 1982.
Sobre este caso, Toche sostuvo que únicamente el caso de Emelinda Hernández ha sido judicializado. En cuanto a su ubicación, en abril de 2023, Pro-Búsqueda y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que José Adrián Rochac había sido localizado, identificado y reunificado con su familia biológica.
“Pro-Búsqueda junto a la familia consideran de gran relevancia el que después de tantos años de búsqueda, y la negación a las autoridades tanto a investigar el caso como a brindar la información necesaria, por fin se hayan realizado las diligencias correspondientes para la identificación y la reunificación del entonces niño José Adrián -ahora una persona adulta- con su familia de origen “, dijeron la familia Rochac y Pro-Búsqueda en un comunicado.
El Estado salvadoreño no ha logrado determinar el paradero del resto de niños.
Toche indicó que otras medidas en todos los casos como el pago de daños materiales, la indemnización, medidas de rehabilitación y atención médica, la aplicación de capacitaciones en derechos humanos a agentes estatales, no se han cumplido por completo. Además, el acceso a los archivos militares del Ministerio de Defensa, en los tres casos de niñez desaparecida, tampoco se ha otorgado. Esta última medida también ha sido solicitada para otros casos de violaciones a derechos humanos en el mismo periodo del conflicto armado.
La masacre de El Mozote y lugares aledaños
Entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote y otros aledaños, en Morazán, un total de 998 personas fueron masacradas, según el “Registro Oficial de Victimas” del Estado salvadoreño. Este crimen de lesa humanidad fue reconocido como uno de los peores de toda América Latina debido a la cantidad de personas asesinadas, las cuales en su mayoría fueron niñas y niños de alrededor de seis años en promedio y adultos mayores. 42 años después de esto y casi 12 años desde una sentencia de la Corte IDH en 2012 declarando culpable a El Salvador por múltiples graves violaciones a derechos humanos, este caso continúa en la impunidad.
“El Estado de El Salvador mantiene incumplidas la gran mayoría y las más importantes de las medidas de justicia y reparación que ordenó la Corte Interamericana en el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños hace más de una década. Por eso mantiene abierto un proceso de supervisión sobre el incumplimiento de la gran mayoría de estas medidas”, aseveró David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal, una de las organizaciones que litiga el caso en el país.
Para Morales, el caso ha permanecido en estancamiento desde la renuncia del juez Jorge Guzmán en 2021, (acto en rechazo y protesta a una reforma a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General por parte de la Asamblea Legislativa que buscaba remover a todos los jueces y fiscales mayores de 60 años o con 30 años de servicio) y el nombramiento de la actual jueza a cargo, Teresa Mirtala Portillo. En ese sentido, indicó que Portillo ha aplicado criterios “dilatorios” que postergan indefinidamente la elevación a plenario del caso pese a existir “suficientes pruebas”.
Además, la jueza también ha violentado, según el defensor de derechos humanos, el debido proceso, pues obstaculiza el acceso al expediente del caso a los representantes de las víctimas y ha llevado a cabo diligencias de investigación que no se notifican y sin la presencia de todas las partes.
Señaló, además, que a doce años de dicha sentencia no existe un plan de desarrollo de las comunidades, que conforma una de las medidas de reparación. “De hecho, no solo el plan no existe, sino que a partir del gobierno anterior y del actual gobierno inconstitucional que está repitiendo la gestión presidencial de Nayib Bukele, pues durante todo su periodo, los diálogos con las víctimas precisamente se paralizaron o se han producido con muchas irregularidades y sin que las victimas sean consultadas”, dijo.
Agregó que, pese a que el Estado también debe facilitar a las víctimas la documentación y brindar mecanismos accesibles para el ingreso en el “Registro único de víctimas”, una herramienta que permitiría que estas accedan a reparaciones “es un sistema que en este momento también es disfuncional”, agregó.
Sobre este último registro, representantes de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) manifestaron, en una entrevista previa con VOCES, su descontento con el registro. De acuerdo con la asociación, la Asamblea Legislativa aprobó de manera inconsulta la “Ley Especial Transitoria para establecer el estado familiar, filiación y nacimiento o muerte de víctimas de las masacres de El Mozote y lugares aledaños”.
Esta ley tiene como objetivo la creación de un procedimiento especial, práctico y expedito para establecer el estado familiar, filiación, nacimiento, o muerte de una persona; declarar la unión no matrimonial de víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, entre otros procesos, a fin de comprobar parentescos entre víctimas y famliares, y así finalmente incorporarse al Registro Único. Casi dos años después, según las víctimas, a principios de 2024 más de medio millar de casos aún estaban pendientes de solventar este paso.
El caso de Manuela
El aborto está penalizado de manera absoluta en El Salvador desde la reforma del Código Penal en 1998. Antes de la reforma, desde 1974, el aborto era permitido en tres causales: cuando la vida de la mujer estuviera en riego, por malformaciones previsibles y graves en el feto y cuando el embarazo era producto de violación.
Manuela, una mujer de escasos recursos económicos, proveniente de una zona rural de Morazán y que no sabía leer o escribir, fue víctima de tal penalización absoluta. En febrero de 2008, cuando Manuela estaba embarazada sufrió una fuerte caída en la que se lastimó la región pélvica, situación que le provocó un sangramiento transvaginal. Su madre la encontró inconsciente y el padre la llevó rápidamente al centro de salud más cercano: el hospital de San Francisco Gotera.
Tras ingresar al centro de salud, los médicos señalaron que ella había sufrido un “parto extrahospitalario”, y denunciaron a Manuela a la policía, pues en El Salvador si el personal sanitario no notifica estos casos pueden ser incurrir en un delito. Un día después, mientras ella se encontraba recibiendo asistencia médica, fue detenida y esposada a la camilla en la que se encontraba.
Luego del juicio internacional y la posterior deliberación de los jueces y juezas, la Corte IDH señaló en su sentencia que Manuela sufrió una emergencia obstétrica.
Posteriormente, y según la sentencia de la Corte IDH, fue sometida ante un juez sin defensa judicial. A Manuela la condenaron a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado. En 2010, estando privada de libertad, ella murió a causa de cáncer linfático que no fue atendido debidamente, pues estaba en prisión.
La Corte IDH condenó a El Salvador por este caso en noviembre de 2022, concluyendo que el Estado vulneró los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, entre otros, de Manuela y su familia. Años después, pocas medidas y reparaciones se han llevado a cabo, así lo indicó a VOCES la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera, organización que participó en el litigio.
Si bien Herrera reconoció el cumplimiento de medidas como las reparaciones económicas, indemnizaciones a los familiares e hijos de Manuela, el acceso a atención en salud y apoyo en los proyectos económicos de estos; otras, identificadas por Herrera como “las medidas más sustantivas de no repetición”, no se han cumplido, cuestionó.
Entre estas siguen pendientes de cumplir la divulgación y socialización de dos protocolos creados por el Ministerio de Salud: el “Protocolo para el abordaje de atenciones en el periodo preconcepcional, prenatal, parto, puerperio y emergencias obstétricas desde una perspectiva de derechos humanos” y los “Lineamientos técnicos para el cumplimiento del secreto profesional en el Sistema Nacional Integrado de Salud”.
Los anteriores escritos tratan del secreto profesional hacia los pacientes y la no criminalización de mujeres que acuden a centros de salud públicos ante emergencias obstétricas; y la falta de formación del mismo personal en el tema.
También advirtió del retroceso en El Salvador respecto de la Educación Sexual Integral (ESI) en el sistema educativo ante la eliminación de diversos materiales educativos que tenían este contenido.
Añadió, además, que continúa la criminalización de mujeres tras sufrir emergencias obstétricas y han aumentado las expresiones de criminalización hacia estas mismas. A la fecha, existen al menos 11 casos activos, según Herrera.
Las organizaciones que acompañan a las víctimas del conflicto armado, así como la Agrupación Ciudadana de Derechos Humanos y otras organizaciones feministas, han llamado reiteradamente al Estado salvadoreño a cumplir con las deudas pendientes, pues preocupa a estos organismos la repetición de las múltiples y graves violaciones a derechos humanos y la postergación de la impunidad. La verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición es lo que continúan exigiendo.
Con edición de Diego Hernández
