VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD), mostró los resultados del análisis mediático, de documentos y entrevistas, sobre la dinámica e implicaciones que tienen las personas defensoras, al defender derechos humanos en el marco de la pandemia por el COVID-19.
La cual tiene por objetivo situar el ambiente para la defensa de derechos humanos en El Salvador, identificar y visibilizar desde la visión constructiva, conclusiones y recomendaciones que permitan una búsqueda de soluciones a los problemas que se plantean.
«El Estado salvadoreño se ha negado a generar condiciones legales para la protección de personas defensoras, aún cuando en el país se han dado casos de persecución, amenazas, intimidación, criminalización e incluso asesinatos», dijo el Director de FESPAD, Saúl Baños.
Hizo un un llamado al Estado salvadoreño, como unidad, pero en particular al Órgano Ejecutivo y sus funcionarios/as, para que respeten la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
Por su parte Loyda Robles de FESPAD comentó, que las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, fueron atacadas desde los discursos oficiales, redes sociales de funcionarios públicos y población a favor de las medidas, generando un ambiente hostil para la defensa de derechos.
En la presentación participó Montserrat Peniche, Encargada de la Relatoría de Personas Defensoras de la CIDH, quien considera esta investigación como «un insumo valioso para la relatoría».
«Se ha observado que en varios países se adoptaron medidas (para enfrentar el COVID-19) que podrían haber conllevado a vulneraciones de personas defensoras», mencionó Montserrat Peniche, Encargada de la Relatoría de Personas Defensoras de la CIDH.
FESPAD brindó una serie de recomendaciones como la aprobación de una ley y una política pública especializada que desarrolle una serie de ejes vinculados con la prevención, el respeto y la protección de las personas defensoras de derechos humanos.
También recomendó fortalecer la capacitación y formación de empleados y funcionarios públicos y a la población en general, con el fin de sensibilizar y afirmar desde un grado cognitivo, la importancia y el valor del trabajo que llevan adelante tanto quienes defienden los derechos humanos, como sus organizaciones. Esto con el fin de propiciar que toda autoridad, funcionario o servidor público se abstenga de iniciar acciones encaminadas a difamar, criminalizar o judicializar de manera infundada, a las personas defensoras de derechos humanos.
Recomendó asegurar que las personas defensoras de derechos humanos realicen sus legítimas actividades en ausencia de temor, obstáculo indebido o acoso legal y administrativo.
Además recomendó al Gobierno salvadoreño (2019-2024), a abstenerse de estigmatizar y atacar la labor de defensa de derechos humanos, retomar espacios de participación ciudadana para la formulación de políticas públicas en beneficio a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, así como respetar la Constitución de la República al promover la armonía social y respetar las libertades fundamentales nacional e internacionalmente reconocidas.
