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En la audiencia de seguimiento de los tres casos de desaparición forzada por los cuales El Salvador fue declarado culpable de múltiples violaciones a derechos humanos, Hermanas Serrano Cruz, Contreras y otros y Rochac Hernández y otros, la representación del Estado afirmó que está formulando una nueva ley de banco de datos genéticos debido a que la actual no cumple con estándares internacionales, pero sin consultar a las víctimas o representantes de estas.
Como respuesta a la pregunta de la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Verónica Gómez, la representación del Estado afirmó que la actual Ley del Banco Nacional de Datos de ADN aprobada en 2021 por la legislatura pasada es deficiente y no cuenta con principios que son exigidos en las sentencias de los casos de desaparición forzada.
Sin embargo, el máximo tribunal del sistema de justicia interamericano, a través de Gómez, dijo que esta propuesta de ley que se está creando no ha sido conocida por las víctimas y sus representantes, ni ha sido incluida en los expedientes solicitados por la misma Corte IDH al Estado.
El director de la Asociación Pro-Búsqueda, Eduardo García, expresó que no les gustaría que sean tomados en cuenta cuando la ley ya se encuentra completa.
Ante ello, la representación salvadoreña contestó que la ley que se está creando sí cumplirá con estándares internacionales, y que actualmente el proceso que llevan para su creación es el adecuado.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), otra de las organizaciones defensoras de derechos humanos representantes de las víctimas, dijo que el actual banco de datos genéticos administrado por el Instituto de Medicina Legal (IML) no es especializado para la búsqueda de la niñez desaparecida durante el conflicto armado, además que no contempla un método de participación para las víctimas y sus representantes ni estándares como el consentimiento informado.
Por ello, dijeron, la creación de este banco genético no cumple con las exigencias de sentencias condenatorias que la Corte IDH ordenó.
