viernes , enero 27 2023
Foto: David Ramírez, periodista de VOCES

Pro-Búsqueda: Al inicio las victimas preguntaban dónde están; ahora preguntan hasta cuándo tendrán que esperar


Eduardo García, director de Pro-Búsqueda, cuestionó ante el máximo tribunal interamericano, en una audiencia de seguimiento de tres casos de desaparición forzada, el camino difícil en búsqueda de la verdad, justicia y reparación en casos de desapariciones forzadas de niñas y niños perpetradas por miembros de la Fuerza Armada durante el conflicto armado salvadoreño.


“Consideramos que el tiempo provincial para investigar ya pasó y como siempre, las víctimas y su paciencia fueron las grandes perdedoras. Al inicio de la búsqueda las victimas pedían y preguntaban dónde están, ahora la pregunta que se hacen es: hasta cuándo tendremos que esperar”, expresó García.


Este día, 6 de octubre del 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sometió a El Salvador a una audiencia de seguimiento por los casos de la desaparición forzada de las hermanitas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, sentenciada en 2005, Contreras y otros, en 2011 y Rochac Hernández y otros en 2014, crímenes de lesa humanidad donde este organismo ya determinó la culpabilidad del Estado salvadoreño.


Los tres casos suman un total de 13 niñas y niños desaparecidos por manos de la Fuerza Armada.


La organización aseguró que desde las primeras sentencias ante la Corte han pasado cuatro presidentes de la República, se han conformado al menos seis Asambleas Legislativas, se han nombrado seis fiscales generales y se ha renovado la Corte Suprema de Justicia en al menos 6 ocasiones. Solo el caso de las hermanitas Serrano Cruz lleva 30 años en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango en fase inicial y ningún responsable ha sido presentado ante la justicia.


“Impedir la identificación de los desaparecidos y desaparecidas y no sancionar a los responsables da la oportunidad de construir otra vez, a que se abran nuevos procesos, sin saberlo, se están documentando la negación al acceso a la justicia”, dijo García.


El defensor de derechos humanos pidió a la CorteIDH ordenar al Estado salvadoreño que sancione a funcionarios que obstruyan el largo camino de búsqueda de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.


Asimismo, que El Salvador sea obligado a impedir la aprobación de una ley de justicia transicional que obstaculizaría el acceso a archivos y llevar ante la justicia a responsables militares de estos crímenes de lesa humanidad.


Son cuatro largas décadas en las que víctimas y familiares de ellas y ellos, infantes inocentes, han continuado buscando verdad y justicia. Sin embargo, esos derechos de saber qué pasó con sus seres queridos se les ha negado. La justicia ante los perpetradores no se ha logrado, y la reparación y garantías de no repetición no han sido prioridad del Estado salvadoreño.

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