miércoles , febrero 8 2023

“No más excusas” para hacer justicia ante los casos de niñez desaparecida en la guerra

La Corte Interamericana de Derechos (CorteIDH) realizará mañana audiencias de seguimiento por tres casos de desaparición forzada que incluyen a 13 niñas y niños desaparecidos en la pasada guerra, entre ellos el de las hermanitas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz.


Por Carlos Portillo

El Estado de El Salvador tiene la oportunidad mañana de hacer historia, al cambiar la postura de negación de justicia que ha prevalecido en los gobiernos anteriores sobre casos de niñez desaparecida forzosamente en la guerra civil. Las décadas han pasado sin que llegue la verdad y la justicia para las familias.

“Nosotros tenemos un deseo profundo y el deseo profundo es que hagan algo, que el Estado busque realmente a esos niños, esas niñas, que los encuentren y que reunifique a esas familias”, expresó a VOCES Eduardo García, director de Pro-Búsqueda, una de las dos organizaciones litigantes.

La CorteIDH, con sede en San José, Costa Rica, tiene programadas las audiencias de seguimiento de las sentencias por los casos Serrano Cruz, Contreras y otros y Rochac Hernández y otros, todas contra el Estado de El Salvador.

Estos litigios incluyen a 13 niñas y niños desaparecidos forzosamente en el contexto de la guerra civil, en los cuales participan Pro-Busqueda junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

“Queremos que se investigue y se sancione a quienes fueron los responsables de ese drama que hasta ahora se está viviendo, y que no pongan más excusas”, expresó García.

Explicó que, en el caso de las hermanitas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, “ya pasaron 40 años del cometimiento de los hechos y 30 años desde la primera judicialización, pero aún está en fase de instrucción».

Las niñas, de 3 y 7 años, respectivamente, fueron sustraídas por el Batallón Atlacátl de la Fuerza Armada de El Salvador en el marco del operativo contrainsurgente conocido como “Operación Limpieza”, realizado en el municipio de San Antonio de la Cruz, departamento de Chalatenango, desde el 27 de mayo de 1982 hasta el 9 de junio de ese mismo año.

La crueldad de estas operaciones obligó a población civil indefensa a huir hacia los montes. La sentencia de la Corte detalla que las niñas fueron llevadas por soldados cuando tras días de esconderse de los operativos, sin agua y alimentos, su padre y su hermano las dejaron un momento solas mientras -a petición de ellas- fueron a un afluente cercano por agua.

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