Organizaciones ambientalistas y ecofeministas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue y sancione a empresas que continúan con actividades extractivistas en el Cerrito de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad, pese a la reciente resolución del Juzgado Ambiental de San Salvador, en la que se decretó medidas cautelares y el cese inmediato de la explotación en la zona.
“Es una resolución seria de un juzgado ambiental y aun así las empresas no han acatado esta orden. Exigimos sancionar con cárcel y multa a los responsables que están detrás de estas empresas, porque es un delito de desobediencia de particulares que se encuentra en el Código Penal”, dijo Dalia Gonzáles, del Foro del Agua.
Desde el 30 de agosto, el Juzgado Ambiental de San Salvador ordenó por un periodo de dos meses la suspensión inmediata de la extracción de material pétreo (que provienen de la tierra) en el Cerrito de Quezaltepeque, por parte de las empresas De la Peña S.A de C.V, MEGABLOCK S.A de C.V, PREFASA S.A de C.V, SALTEX y De la Roca. Esto debido al actual estado del cerro con “daños irreparables”, argumentaron las organizaciones.
Sin embargo, SALTEX y PREFASA han continuado en la zona con maquinaria pesada “en un acto de abuso e impunidad en perjuicio de las comunidades que luchan por la defensa de sus de territorios y agua”, denunciaron.
Según las organizaciones ambientalistas, el actuar de estas empresas recaen en un delito de acuerdo con el artículo 338 del Código Penal, que establece una sanción de tres años de prisión por la “desobediencia a una orden o medida preventiva cautelas o de protección dictada por autoridad pública”.
Jessica Gonzáles, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador, expuso que son más de 700 habitantes los principales afectados debido a que, a raíz de la explotación en la zona, los mantos freáticos han disminuido, teniendo cada vez más dificultades en poder abastecerse mediante la junta de agua local.
“¡Ya basta! Son más de 50 años de explotación del Cerrito. Fuera empresas extractivistas de nuestros territorios”, exigieron las organizaciones.
Con edición de Morena Villalobos