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Familiares de personas desaparecidas identificaron y calificaron como una “oportunidad” la creación del recién lanzado “Registro Ciudadano de Personas Desaparecidas”, un registro en línea esfuerzo del Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas.
“Para nosotros los familiares de personas desaparecidas este es un paso fundamental, puesto que reafirma una realidad que el gobierno dice desconocer. Nos abre a todos nosotros las posibilidades y oportunidades hasta hoy limitadas. Es una herramienta para nosotros que, bien administrada, va a permitir dar con la plena identificación de las personas desaparecidas y, aparte de eso, va a ser más visible este flagelo”, dijo María del Carmen Armero, madre de Herbert Argueta, reportado como desaparecido desde el 4 de agosto de 2024.
Familiares que integran al Bloque de Búsqueda de Personas Desparecidas como Guadalupe (seudónimo), madre de Katia Quintanilla, desparecida el 13 de julio de 2016, y Beatriz Hernández, madre de Marcela Rodas, desaparecida el 19 de julio de 2021, coincidieron en que esta nueva herramienta ciudadana figura una buena oportunidad tanto para registrar los casos, así como para reforzar la búsqueda de las personas desaparecidas en El Salvador.
Aunque las madres celebraron este esfuerzo impulsado desde las organizaciones de sociedad civil, lamentaron las pocas acciones del Estado salvadoreño a fin de solucionar esta problemática, así como la falta de un registro único de personas desaparecidas elaborado por el mismo y con la participación de las familias afectadas.
“Lo que le exigiríamos al Estado es que tenga conciencia de que esto no es una problemática de ahora, es algo que viene de años, que no es algo que la gente se ha inventado ahora. El Estado no hace nada por buscar, ni por brindarles apoyo a las familias. El Estado debería tomar cartas en el asunto”, señaló Guadalupe, madre de Katia Quintanilla.
En este sentido, las madres también denunciaron cómo el Estado, a pesar de los años, no ha priorizado esta problemática en favor de cesar la zozobra que las familias viven día a día al desconocer el paradero de sus seres queridos.
“El Estado debería de emitir un registro único el cual nos permitiría y le permitiría centralizar la información, lo que mejoraría la coordinación entre instituciones y facilitaría una respuesta más rápida y efectiva. Además, aumentaría la transparencia y rendición de cuentas, dándonos a las familias un acceso más claro a dicha información. También creo que ayudaría a prevenir la impunidad”, sostuvo María del Carmen Armero.
Con edición de Diego Hernández
