viernes , diciembre 9 2022

FESPAD pide crear mecanismos de protección para defensores ambientales

La organización también resaltó que en el marco del régimen de excepción personas defensoras del derecho al agua corren riesgos de sufrir una captura arbitraria.

Al revelar los resultados de la investigación sobre el rol de la persona defensora de DDHH en el marco del derecho al agua, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) consideró necesario que el Estado de El Salvador cree mecanismos que protejan a las personas que ejercen esta labor, quienes en el pasado han sido objeto de amenazas y capturas.

“Desde siempre han desarrollado su labor en un ambiente hostil, enfrentándose a diversos riesgos, uno de ellos, el de la criminalización por defender los bienes comunes indispensables para el goce de una vida digna”, expresó FESPAD en un comunicado.

Añadió que “es determinante que el país adopte las medidas necesarias para la creación de mecanismos de protección para las personas defensoras del medio ambiente” como la aprobación del Acuerdo de Escazú y una ley secundaria que promueva y defienda los derechos de las personas que defienden derechos.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de ESCAZÚ no ha sido suscrito ni ratificado por El Salvador, pese a que lo adoptó en el marco de su establecimiento en 2018. Este protocolo contiene un apartado sobre la protección a las personas defensoras del derecho humano al agua.

La presentación del estudio FESPAD se realizó hoy 28 de abril, en el marco de la reciente celebración del Día de la Madre Tierra.

FESPAD también considera necesario que los gobernantes en El Salvador “modifiquen la visión de estrategia de desarrollo del país, ya que la adoptada en la actualidad genera escenarios de conflictividad y coloca en una condición de vulnerabilidad a las personas defensoras del derecho humano al agua”.

En el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador, la organización dijo que este genera una “amplia discrecionalidad” por parte de las autoridades, con lo cual se “potencian las amenazas a las personas que defienden el derecho humano al agua agravando el riesgo de ser víctima de una captura arbitraria”.

La investigación de FESPAD consigna casos emblemáticos de personas defensoras del derecho al agua, así como situaciones de detenciones y amenazas sufridas por ejercer esta labor.

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