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Organizaciones han contabilizado entre 24 y 26 casos de personas muertas mientras estaban en custodia de agentes del Estado.
Una serie de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción podría acarrear responsabilidades penales internacionales al Estado salvadoreño, pues especialistas afirman que posibles torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales configuran el escenario del cometimiento de crímenes de lesa humanidad.
Seis organizaciones de derechos humanos se unieron en un conversatorio en el que presentaron sus principales hallazgos sobre las denuncias que han recibido en el marco del régimen de excepción.
Reportaron más de mil casos de abusos de poder, la mayoría detenciones arbitrarias, pero también una serie de graves situaciones que se estarían dando de forma generalizada.
Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal, informó sobre los impactos en materia de derechos humanos y los patrones de vulneraciones en los casos registrados.
Estos patrones, dijo, “recuerdan al sistema represivo de los (años) 80”.
“(Se reportan) algunas señales o indicios de tortura, y de que la muerte fue precedida de tortura y de posibles ejecuciones extrajudiciales. Hay casos de personas que fueron golpeadas, torturadas, antes de que fueran llevadas al centro penitenciario, y fueron conducidas al hospital ya graves, en donde fallecieron”, expresó el especialista.
Otro de los patrones que recalcó fue sobre personas que no se sabe en qué centro de detención están. Estos casos los definió como “desaparición forzada”
Este tipo de prácticas estarían configurando crímenes de lesa humanidad, es decir, violaciones graves a derechos humanos que ocurren de forma sistemática y generalizada, lo cual puede generar responsabilidades internacionales al Estado salvadoreño, amplió Ábrego.
El conversatorio “Impacto del Régimen de Excepción en los derechos humanos y en la seguridad ciudadana” reunió a expertos de, FESPAD, SSPAS, Azul Originario el IDHUCA y DPLF.
