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“El Estado de Guatemala es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San Miguel Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán”, concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2021.
Las acciones y medidas de reparación dictadas por el mecanismo no se han efectuado a la fecha, denunciaron diferentes organizaciones de la región latinoamericana durante un foro previo a la audiencia temática de “Medios de comunicación comunitarios e indígenas” programada para el seis de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre las medidas ordenadas al Estado guatemalteco que contiene la sentencia del caso “Pueblos indígenas Maya Kaqchikiel de Sumpango y otros VS. Guatemala”, se encuentran la adopción de medidas para permitir a las comunidades indígenas operar libremente su radios comunitarias (plazo de un año), publicar la sentencia (plazo de seis meses), adecuar las normativas internas con el fin de reconocer a las radios comunitarias e indígenas como medios diferenciados de comunicación, permitir que estas obtengan licencias de forma sencilla y reservar a las radios comunitarias indígenas parte del espectro radioeléctrico.
También mandó al Estado el cese inmediato de enjuiciar criminalmente a comunicadores de estos medios, los allanamientos, incautamiento de equipos. Asimismo, ordenó eliminar las condenas a personas miembros de comunidades indígenas por el uso del espectro radioeléctrico y a reparar económicamente en concepto de los equipos aprendidos, de indemnización de año material e inmaterial, entre otros daños.
“La sentencia abona un paso más a la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en el Sistema Interamericano. No solo por ser el primero que versa sobre radios comunitarias indígenas, sino también porque refiere y vincula de manera pormenorizada el derecho a la participación cultural como un derecho que se encuentra involucrado cuando de medios de comunicación colectivo se trata”, subrayó la misma Corte en la sentencia.
De acuerdo con Adriana Tzunun, representante Asociación de Abogados y Notarios Mayas, a la fecha no se han registrado nuevos casos de allanamientos u otras afectaciones a medios de comunicación comunitario e indígenas o a sus comunicadores. Sin embargo, al no existir aún lineamientos escritos (dictados por la CIDH), “en cualquier momento pueden volverse a hacer”, planteó.
“Es preocupante para nosotros que hasta el momento no se hayan tenido esas medidas de reparación. Por el contrario, aún busca vías de como perseguir (a los comunicadores y medios), pero no en reconocerlos”, agregó la abogada.
En este sentido, Mark Camp, de Cultural Survival, manifestó que, pese al actual escenario a dos años de la sentencia, que “algo importante es que hoy mismo mientras estamos acá hablando sobre los medios comunitarios, las radios están haciendo su trabajo y están en el aire. El hecho de lograr una sentencia significa que las radios se sientan un poco más cómodo porque por muchos años el gobierno y los medios masivos han tratado como criminales a las radios, demás medios comunitarios y a las comunidades. Esta sentencia deja muy claro que no es así”.
Por otra parte, Oscar Pérez, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), destacó que, si bien la sentencia responsabiliza al Estado de Guatemala, esta impacta a los demás Estados de América Latina.
“Siempre hemos insistido que esta sentencia marca un antes y pues, y que trasciende a la región. Desde AMARC reiteramos que vamos a seguir acompañando a las radios de la región y sus luchas”, agregó Oscar Pérez.
Con edición de Morena Villalobos
